La asamblea legislativa ha puesto en marcha un procedimiento para la selección de un nuevo Contralor General del Estado. Esta decisión, impulsada por el bloque político mayoritario, se produce a escasos días de la segunda vuelta electoral y a menos de un mes del cierre de la actual legislatura. La convocatoria, emitida por el presidente de la asamblea y el vicepresidente del país, ha desatado un intenso debate político, con acusaciones desde la oposición de una maniobra de impunidad.
La sesión parlamentaria fue programada para la tarde del jueves 16 de octubre, en el hemiciclo legislativo. El orden del día incluía la correspondencia, el tratamiento del Decreto Presidencial N° 5460, referente a la concesión de indultos, y, de manera destacada, la designación del Contralor General del Estado.
Un senador de la alianza Creemos, Henry Montero, cuestionó tanto el momento como el propósito de la convocatoria. Sugirió que el partido en el poder busca protegerse de futuras investigaciones, instalando a individuos afines que, según sus palabras, deban un favor al gobierno y que posteriormente auditarían su gestión.
En una línea similar, un diputado electo de la alianza Unidad, Alejandro Reyes, afirmó que el objetivo es blindar a las autoridades y funcionarios salientes. Destacó que el cargo ha permanecido en interinato durante cinco años y que, ahora, al final de su mandato, se pretende dejar un titular que los proteja. Este legislador sostuvo que la iniciativa, proveniente de la presidencia de la asamblea, busca salvaguardar a ministros, autoridades actuales y servidores públicos de rendir cuentas por presuntos actos de corrupción cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Desde Comunidad Ciudadana, la diputada Luisa Nayar fue aún más contundente. Expresó que, mientras la ciudadanía se encuentra absorta en las crisis nacionales, se convoca una sesión para nombrar a un contralor que encubra y proteja a la administración saliente ante un nuevo gobierno. La diputada opositora hizo un llamado a todos los parlamentarios conscientes a rechazar cualquier designación de un contralor que pueda servir para proteger al bloque político dominante.
El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, también se sumó a las críticas, calificando de incorrecto que una asamblea saliente y, a su juicio, sin legitimidad popular, elija al nuevo contralor. Instó a dejar esa tarea a la legislatura entrante para no añadir más problemas al país.
Dentro del propio partido en el poder, han surgido fisuras. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se desmarcó de la convocatoria del vicepresidente, señalando que no parece serio ni responsable intentar una designación a pocos días de concluir la gestión. Indicó que el tema del Contralor ya había sido remitido a la Asamblea, por lo que una convocatoria a estas alturas para elegirlo carecía de sentido.
Desde una facción del partido gobernante, el senador Leonardo Loza criticó duramente al vicepresidente. Manifestó que, faltando solo dos semanas para el fin del periodo legislativo, el vicepresidente despierta ahora, a última hora, intentando aprobar temas de espaldas al país.
No obstante, algunos legisladores afines a otro segmento del partido oficialista respaldaron la convocatoria. El diputado Vicente Condori sostuvo que, al haber sido convocada por el vicepresidente, la sesión debe servir para nombrar a un nuevo Contralor del Estado.
La Contraloría General ha operado bajo un régimen de interinato desde julio de 2022, cuando el entonces Contralor Henry Ara concluyó su mandato en medio de diversas observaciones. Un intento previo del bloque político mayoritario en agosto de ese año para elegir un reemplazo no prosperó al no lograr los dos tercios de votos necesarios, lo que llevó al archivo del proceso hasta el momento. Según la Constitución, esta autoridad se designa con dos tercios de los votos de los presentes en la asamblea legislativa
