El escenario político en Tarija se ha visto sacudido por una nueva controversia legal protagonizada por el candidato a gobernador Mario Cossío Cortez, quien ha decidido recurrir a la vía judicial para enfrentar lo que considera una injusticia en su postulación electoral. A pocos días de las elecciones previstas para el 22 de marzo, Cossío presentó un recurso de Amparo Constitucional contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), buscando obtener la resolución oficial que confirme su inhabilitación, documento que hasta la fecha no ha sido entregado pese a múltiples solicitudes formales.

La situación se agrava ante la ausencia de notificación formal por parte del TSE, lo que ha generado una percepción de conducta arbitraria e ilegal por parte del candidato y sus seguidores. Según Cossío, esta falta de transparencia y demora intencionada responde a un interés deliberado por impedir su participación en los comicios, lo que considera un atropello no solo a sus derechos individuales sino al derecho colectivo de los ciudadanos de Tarija a elegir libremente a su gobernador. Esta controversia no se limita a un simple desacuerdo político, sino que adquiere dimensiones mayores al cuestionar el respeto y cumplimiento de las normas constitucionales y electorales.

El recurso presentado representa solo el primer paso en una serie de acciones legales que Cossío y su movimiento político Camino al Cambio están dispuestos a emprender para defender sus derechos y los derechos electorales de los habitantes del departamento. La intención clara es que se repongan los derechos supuestamente vulnerados y que se garantice la transparencia y legalidad en el proceso electoral. En este contexto, la disputa trasciende la figura del candidato para convertirse en un asunto de carácter departamental e incluso nacional, donde se pone en juego la integridad del sistema democrático y la posibilidad real de competencia electoral justa.

En medio del respaldo constante de sus adherentes, Cossío ha optado por mantener distancia respecto a las críticas políticas directas provenientes de su principal adversario, Adrián Oliva Alcázar, enfatizando que su prioridad es obtener la protección judicial frente a lo que considera una vulneración flagrante. Además, aclaró que el recurso constitucional puede presentarse desde cualquier parte del país y confía en que el sistema judicial actuará con prontitud y equidad para evitar dilaciones injustificadas que puedan afectar el derecho a la defensa.

Esta confrontación legal refleja también un contexto más amplio de lucha contra prácticas políticas consideradas autoritarias o restrictivas dentro del departamento. Camino al Cambio ha manifestado estar comprometido con una causa mucho más profunda: combatir un régimen político que durante dos décadas habría socavado principios constitucionales fundamentales mediante la exclusión sistemática de candidatos opositores. Este conflicto evidencia un clima tenso donde las reglas electorales y democráticas son objeto de disputa tanto en ámbitos jurídicos como políticos.

En definitiva, este episodio pone sobre la mesa temas cruciales relacionados con la legitimidad del proceso electoral, el respeto a las garantías constitucionales y el derecho ciudadano a elegir libremente a sus autoridades. La resolución final sobre la inhabilitación del candidato no solo definirá su futuro político inmediato sino también sentará precedentes importantes sobre cómo se manejan las disputas electorales en Tarija, afectando directamente la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar elecciones transparentes y justas. La expectativa está puesta ahora en la pronta respuesta judicial frente al recurso presentado, pues su decisión tendrá consecuencias trascendentales para el desarrollo democrático del departamento