El líder político Mario Cossío, al frente de la agrupación Camino Democrático al Cambio (CDC), ha anunciado su intención de presentar un amparo constitucional ante la justicia ordinaria con el objetivo de hacer valer su derecho a postularse como candidato a gobernador en el departamento de Tarija. Esta acción surge en respuesta a la notificación pendiente sobre su inhabilitación, emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que hasta el momento no le ha sido entregada formalmente. La presentación del recurso jurídico se realizará una vez que Cossío reciba oficialmente la resolución del TSE, lo que abre un escenario de confrontación legal en el ámbito constitucional.
La medida anunciada por Cossío refleja su convicción de que existe una vulneración flagrante de sus derechos y garantías constitucionales, lo cual justifica la interposición del amparo como una vía extraordinaria para revertir la decisión del órgano electoral. Ante esta situación, el líder político también ha solicitado formalmente al TSE la paralización de todos los actos electorales vinculados a su candidatura, argumentando que hay recursos jurídicos pendientes y que es necesario agotar todas las instancias legales antes de proceder con el proceso electoral. Esta petición busca impedir que su nombre sea excluido de la papeleta de sufragio mientras se resuelven las controversias sobre su habilitación.
En cuanto a los motivos alegados para su inhabilitación, Cossío negó categóricamente que existan documentos contradictorios o irregularidades en su postulación, desestimando las acusaciones que sus adversarios políticos han utilizado para justificar su exclusión. Según explicó, el reglamento contenido en la Ley de convocatoria a elecciones establece claramente los requisitos para ser habilitado como candidato, entre ellos la residencia mínima en el país durante los dos años previos a los comicios. Sin embargo, también contempla excepciones específicas para ciudadanos bolivianos que se encuentren en condición de refugiados o asilados en territorio extranjero debido a persecución política, permitiéndoles postular sin estar sujetos a esta norma.
Cossío sostuvo que esta excepción ha sido aplicada previamente con otros candidatos que se encontraban en situaciones similares. Citó como ejemplos casos anteriores donde figuras políticas como Manfred Reyes y Luis Revila fueron habilitados pese a haber estado fuera del país bajo estas condiciones especiales. En contraste, él considera injusta y discriminatoria la decisión tomada en su contra, pues asegura haber cumplido con los requisitos legales amparándose precisamente en esa disposición reglamentaria. Esta discrepancia legal y política subraya un conflicto interpretativo sobre las normas electorales vigentes y sus aplicaciones prácticas.
La situación generada por la inhabilitación de Mario Cossío tiene implicaciones directas no solo para él y su partido CDC, sino también para el proceso electoral en Tarija y la percepción pública sobre la transparencia y equidad del sistema electoral boliviano. La disputa jurídica que se avecina podría afectar los tiempos y procedimientos previstos para las elecciones departamentales, generando incertidumbre entre los votantes y actores políticos involucrados. Además, este caso pone en evidencia tensiones existentes entre actores políticos y autoridades electorales respecto al cumplimiento e interpretación de las normativas electorales vigentes.
En este contexto, la eventual presentación del amparo constitucional por parte de Cossío será un episodio clave para definir si podrá mantener vigente su candidatura o si quedará efectivamente excluido del proceso electoral. El desenlace judicial tendrá repercusiones importantes sobre cómo se aplican las reglas relacionadas con la residencia y estatus migratorio de candidatos políticos, especialmente aquellos afectados por situaciones excepcionales como persecución política o exilio. Por ende, este caso adquiere relevancia no solo para Tarija sino para todo el sistema democrático nacional al poner a prueba mecanismos legales y garantías constitucionales vinculadas a derechos políticos fundamentales
