La senadora Marcela Guerrero Vilca ha dado un paso significativo al presentar un proyecto de ley nacional que propone una distribución equitativa de los recursos fiscales, planteando que el 50% de estos fondos se destine al gobierno central, mientras que el otro 50% se distribuya entre las entidades subnacionales y las universidades públicas. Guerrero, quien ha trabajado en esta iniciativa desde hace tiempo, espera obtener el apoyo necesario para llevar a cabo esta propuesta que busca redefinir la coparticipación tributaria en Bolivia.
El proyecto se fundamenta en un documento del pacto fiscal elaborado desde 2017 y se ha gestado tras 15 reuniones del Consejo Nacional de Autonomías. Estas reuniones han permitido avanzar en la discusión sobre la distribución justa de los recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento, incluyendo patentes y la venta de bienes y servicios. Guerrero enfatiza la necesidad de establecer criterios claros para esta distribución, asegurando que el modelo propuesto no solo busca una repartición equitativa, sino también efectiva.
Según la senadora, la distribución planteada contempla que los municipios recibirían el 24% del total asignado a las entidades subnacionales, mientras que las gobernaciones obtendrían el 20%. Esta estructura también incluye un 5% destinado a las universidades públicas, que ya han expresado su conformidad con esta propuesta. Por último, un 1% se reservaría para las autonomías indígenas. Guerrero ha destacado que esta repartición debe basarse en criterios demográficos y socioeconómicos, considerando aspectos como la población y la pobreza en cada región.
Un aspecto crucial del proyecto es la urgencia con la que debe actuar el Consejo Nacional de Autonomías. Guerrero ha instado a este organismo a reunirse con más frecuencia que las dos veces al año actualmente estipuladas, argumentando que es vital avanzar con rapidez para concretar una redistribución efectiva de recursos fiscales. La senadora ha subrayado que para el año 2027 tanto el gobierno como las entidades subnacionales deben estar preparados para implementar esta nueva estructura de financiamiento.
Guerrero también ha señalado que esta iniciativa implica modificar la actual Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la cual considera que ha limitado los sueños autonómicos de varias regiones. Al respecto, hizo hincapié en la necesidad de establecer un espacio permanente para el diálogo y el consenso dentro del Consejo de Autonomías, argumentando que solo así se podrá avanzar hacia acuerdos significativos.
La propuesta de Guerrero llega en un momento crítico donde diferentes regiones del país están buscando formas efectivas de gestionar sus recursos. Particularmente Santa Cruz ha presentado su propio proyecto de ley en este contexto, lo cual podría enriquecer aún más el debate sobre cómo garantizar una distribución más justa y eficiente de los recursos públicos en Bolivia.
