El Consejo de la Magistratura ha decidido llevar a cabo auditorías jurídicas rigurosas sobre todos los procesos judiciales relacionados con los sucesos de Senkata y Sacaba, ocurridos en noviembre de 2019 durante la crisis política que dejó numerosas víctimas mortales. Esta resolución fue adoptada por unanimidad en Sala Plena, según informó el presidente del organismo, Manuel Baptista Espinoza.

La iniciativa responde a una recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que instó a revisar más de 80 casos vinculados a estos acontecimientos, en seguimiento a las directrices de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Baptista señaló que esta acción no es un capricho institucional, sino una respuesta urgente para controlar y fiscalizar los procesos judiciales iniciados durante la emergencia de 2019, especialmente los relacionados con Senkata y Sacaba.

Aunque el Consejo de la Magistratura no tiene facultades para revisar el fondo de las sentencias, sí puede evaluar si los jueces actuaron conforme a la normativa vigente y respetando el debido proceso. En caso de detectar irregularidades, se activarán los procedimientos disciplinarios correspondientes para sancionar a los responsables.

En relación con casos destacados, como el de la expresidenta Jeanine Áñez, Baptista indicó que, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia habría revisado una de las sentencias, el Consejo aún no ha recibido formalmente dicha resolución, lo que impide determinar posibles responsabilidades del juez involucrado.

Para llevar adelante esta auditoría, el Consejo solicitó información al Ministerio Público y al Servicio Plurinacional de Defensa de las Víctimas (Cepdavi), que entregaron listados con los procesos en los que participaron. El informe preliminar revela que algunos casos están en fase investigativa, otros ya cuentan con sentencia y varios fueron rechazados, pero todos serán sujetos a control institucional.

Con esta medida, el Consejo de la Magistratura busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en el sistema judicial en un episodio que sigue siendo uno de los más delicados y controvertidos en la historia reciente del país, atendiendo la demanda de justicia y verdad de las víctimas y sus familiares