Magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se desplazaron a La Paz para alertar sobre una nueva iniciativa judicial originada en una sala constitucional del Beni. La situación se centra en una acción popular presentada por el abogado Percy Claure Cuellar, la cual busca la destitución de todas las autoridades judiciales, tanto las elegidas democráticamente como aquellas cuyos mandatos han sido extendidos.
Los funcionarios judiciales que se trasladaron a la capital expresaron su preocupación por la tendencia de ciertas salas constitucionales a exceder sus atribuciones, interpretando la Carta Magna de manera que contraviene la separación de poderes. Se señaló una pauta histórica en la que estas instancias han asumido competencias que no les corresponden, desafiando el marco constitucional.
La acción popular fue interpuesta ante el Tribunal Departamental de Justicia del Beni. La Sala Constitucional Segunda admitió el caso, y aunque una audiencia estaba programada para el jueves, esta fue suspendida. Un aspecto notable de este proceso es que la sala está presidida por el vocal Charles Mejía, quien previamente ha paralizado en dos ocasiones el proceso de elección judicial de 2024. Adicionalmente, se ha revelado que el vocal Mejía fue candidato en ese mismo proceso electoral, y el abogado Claure Cuellar, quien ahora presenta la acción, fue empleado en su despacho jurídico.
La demanda se dirige específicamente contra cinco magistrados con mandatos extendidos: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Karem Lorena Gallardo Sejas. Asimismo, el recurso solicita el cese de funciones del Magistrado Paul Enrique Franco Zamora y de todos los magistrados electos en 2024. Esta acción pone en entredicho la legalidad y legitimidad de un considerable número de autoridades judiciales, afectando a diez magistrados del Tribunal Agroambiental, seis del Consejo de la Magistratura, catorce del Tribunal Supremo de Justicia y ocho del Tribunal Constitucional, incluyendo tanto titulares como suplentes.
Se enfatizó que la voluntad popular se ha manifestado recientemente a través de la elección de representantes para la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como del presidente y vicepresidente. Se advirtió sobre el riesgo de que la justicia sea utilizada con fines políticos, lo que podría socavar el mandato democrático expresado por la ciudadanía.
La acción popular no solo abarca a los funcionarios judiciales con mandatos extendidos, sino que también se extiende a la totalidad de la Asamblea Legislativa y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes administraron el proceso electoral de diciembre de 2024
