La dinámica geopolítica en el Caribe ha experimentado un recrudecimiento de las tensiones, impulsado principalmente por recientes maniobras militares de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela. Esta situación se ha visto agravada por un incidente que involucró a una embarcación venezolana, generando narrativas divergentes por parte de ambas naciones.
Las autoridades venezolanas han interpretado la presencia naval estadounidense y el subsiguiente enfrentamiento con uno de sus buques como una estrategia para apropiarse de los vastos recursos naturales del país, en particular sus significativas reservas de petróleo y gas. El presidente Nicolás Maduro ha enfatizado que estos recursos son patrimonio del pueblo venezolano y no de ninguna potencia extranjera. Curiosamente, un alto funcionario de comunicaciones de Caracas ha puesto en duda la autenticidad de un video del incidente difundido, sugiriendo una posible manipulación digital.
Días antes del suceso marítimo, que Washington afirmó resultó en la muerte de varios individuos vinculados a una organización criminal venezolana, el presidente Maduro había emitido una severa advertencia. Declaró que cualquier agresión contra Venezuela desencadenaría una declaración constitucional de lucha armada en todo el territorio nacional. A pesar de esta retórica contundente, Caracas parece estar optando por una estrategia de desescalada, manifestada al cuestionar la credibilidad de las imágenes del ataque difundidas por Estados Unidos. Previamente, a medida que la presencia naval estadounidense aumentaba, el líder venezolano también había alertado que estos movimientos buscaban justificar una intervención militar.
En contraste, la administración de Washington ha presentado el despliegue de destructores y aproximadamente 4.500 efectivos militares como una operación crucial para interceptar rutas de narcotráfico dirigidas hacia territorio estadounidense. En este contexto, Estados Unidos ha señalado directamente a un grupo que identifica como el Cartel de los Soles, afirmando sus vínculos con el gobierno venezolano. Sin embargo, Caracas niega categóricamente cualquier conexión con dicha organización.
En medio de esta creciente fricción, varias naciones han tomado medidas concretas respecto al Cartel de los Soles. La República Dominicana, por ejemplo, lo designó formalmente como organización terrorista, sumándose a acciones previas de Argentina, Ecuador y Paraguay. Esta decisión, según lo expresado por Santo Domingo, se fundamenta en su mandato constitucional de combatir actividades criminales transnacionales que amenazan la paz y seguridad tanto nacional como regional. El ejecutivo dominicano subrayó que los cárteles de drogas, al emplear métodos violentos e indiscriminados, participar en secuestros y extorsiones, y depender de financiamiento ilícito y lavado de activos, cumplen con los criterios para ser considerados grupos terroristas. En un desarrollo relacionado, el principal diplomático de Perú indicó la posible intención de su gobierno de clasificar también al Cartel de los Soles como entidad terrorista, argumentando que cualquier grupo que financie actividades que siembran el terror, especialmente a través del crimen organizado transnacional, promueve efectivamente el terrorismo, mencionando como ejemplos al Tren de Aragua y al Comando Vermelho. Venezuela, por su parte, insiste en que tal organización no existe.
Diversas figuras políticas regionales han ofrecido reacciones variadas a estos acontecimientos. Una destacada líder de la oposición venezolana expresó su convicción de que la presión internacional sobre la actual administración se intensifica, sugiriendo una pronta culminación de los esfuerzos. En contraste, el representante diplomático de Colombia en Venezuela advirtió contra la especulación sobre una posible intervención militar, abogando en su lugar por la prudencia, el apego al derecho internacional y el diálogo multilateral para abordar los desafíos regionales. Desde Nicaragua, el presidente Daniel Ortega manifestó un fuerte escepticismo sobre la versión estadounidense del incidente marítimo, calificándola como una mera demostración de fuerza. Cuestionó la eficacia de los esfuerzos de Estados Unidos para controlar el consumo de drogas a nivel interno, insinuando que el problema reside en sus propias fronteras debido a la participación de grandes traficantes y funcionarios corruptos. Instó a Estados Unidos a priorizar los controles internos en sus fronteras y puertos. Haciéndose eco de un sentimiento regional más amplio, la misión diplomática cubana en Nicaragua caracterizó los movimientos militares estadounidenses en el Caribe como parte de una estrategia diseñada para desestabilizar a los gobiernos de Venezuela y Cuba
