En una reciente entrevista concedida al programa electoral del Grupo El Deber, el gobernador de Santa Cruz y candidato a la reelección por la alianza Creemos Patria, Luis Fernando Camacho, expuso con detalle los desafíos y objetivos que marcarían su eventual segundo mandato. Camacho enfatizó que su gestión anterior estuvo condicionada por circunstancias adversas, incluyendo su detención y restricciones presupuestarias, lo que limitó el alcance de sus proyectos. Sin embargo, aseguró que esos obstáculos no detuvieron completamente sus avances y que ahora se encuentra en un momento decisivo para transformar la gestión pública local, pasando de una etapa de resistencia a una de acción efectiva.
El gobernador sostuvo que durante su primer período perdió prácticamente tres años debido a su encarcelamiento, lo cual mermó notablemente la capacidad para ejecutar una administración plena. No obstante, resaltó que pese a estas dificultades se lograron ciertos progresos significativos. Para este próximo mandato, planteó como prioridad ineludible la concreción del denominado pacto fiscal y la implementación del mecanismo 50/50 para la distribución de los ingresos estatales, con el fin de garantizar recursos suficientes para atender las áreas esenciales como salud, educación y servicios básicos en las provincias cruceñas. Camacho advirtió que sin estos recursos fundamentales, hablar de grandes obras sería poco realista; primero debe asegurarse el acceso básico a servicios como agua potable, electricidad, carreteras adecuadas y hospitales operativos.
Respecto al concepto 50/50, explicó que se trata de un esquema mediante el cual se propone que el 50% de los ingresos percibidos por el Gobierno nacional sea distribuido entre gobernaciones, alcaldías y universidades. Esta propuesta busca equilibrar la relación entre las regiones productoras y el nivel central del Estado. Santa Cruz aporta más de un tercio de los ingresos nacionales pero no recibe proporcionalmente esa contribución en términos financieros. En ese sentido, propuso una distribución interna dentro del 50% asignado donde un 30% correspondería a gobernaciones, 10% a municipios y otro 10% a las universidades; sin embargo, enfatizó que lo verdaderamente importante es establecer un acuerdo global sobre la totalidad de los ingresos estatales mediante un proceso técnico e institucional riguroso.
El fortalecimiento de la autonomía departamental es otro punto clave en su plataforma. Camacho subrayó que el federalismo debe entenderse como un proceso gradual donde primero es fundamental dotar a las regiones de recursos reales y competencias efectivas para administrar sus propios asuntos sin depender excesivamente del Ejecutivo central. Puso como ejemplo la producción agrícola cruceña —que representa aproximadamente el 72% del total nacional— frente a la carencia persistente de infraestructura básica en sus provincias: carreteras deficientes, falta de acceso adecuado al agua potable y conectividad limitada. Destacó también proyectos tecnológicos como el cable óptico desde San Pablo como elementos estratégicos para mejorar esta situación, pero insistió en que sin una provisión adecuada de recursos no se puede hablar realmente de autonomía ni federalismo.
En cuanto a prioridades concretas para una nueva gestión si fuera reelecto, Camacho señaló que antes que cualquier obra emblemática o infraestructura majestuosa debe asegurarse la estabilidad financiera y disponibilidad presupuestaria. Indicó que actualmente los fondos líquidos disponibles rondan los 800 millones de bolivianos luego de descontar compromisos financieros previos, con gran parte destinada al sector salud. Entre los proyectos estratégicos mencionó iniciativas vinculadas al desarrollo minero e industrial como Mutún; logístico-portuarias como Puerto Busch; energéticas en Rositas; además de concesiones viales importantes para conectar distintas regiones fronterizas. También resaltó una colaboración con Corea para construir un hospital oncológico en el distrito cinco. No obstante reiteró que todos estos planes dependen fundamentalmente del ordenamiento económico interno y del logro efectivo del esquema financiero propuesto.
El papel del sector privado fue otro aspecto abordado durante la entrevista. El gobernador reconoció su importancia decisiva ante las limitaciones fiscales actuales y recordó que ya se están implementando concesiones viales bajo marcos legales vigentes aunque lamentó ciertas deficiencias normativas en la ley de Alianzas Público-Privadas (APP), las cuales dificultan su aprovechamiento pleno. Manifestó su intención de fomentar mayor participación empresarial local en estas iniciativas para reducir la dependencia exclusiva del capital extranjero e impulsar inversiones productivas mediante un esquema ampliado gracias a una recuperación mayor de competencias departamentales.
Sobre uno de los temas más conflictivos en Santa Cruz —la cuestión agraria— Camacho señaló que uno de los mayores problemas son los avasallamientos ilegales promovidos por redes dedicadas al tráfico ilícito de tierras. Para contrarrestar esta situación mencionó la puesta en marcha legal efectiva de la Comisión Agraria Departamental destinada a transparentar cuáles dotaciones son legítimas y cuáles no. Subrayó que sin seguridad jurídica sobre las tierras no puede haber inversión ni crecimiento productivo sostenible. Además destacó el potencial uso estratégico de biotecnología para incrementar productividad agrícola sobre superficies reducidas disminuyendo así la presión ambiental negativa. Recalcó que mientras persistan estas redes delincuenciales será imposible avanzar hacia un desarrollo sostenible con exportaciones crecientes.
Consultado sobre si promoverá procesos legales contra quienes propiciaron su detención durante su primer mandato respondió afirmativamente pero aclaró que no se trata solamente de un asunto personal sino más bien un precedente institucional fundamental para respetar el mandato popular expresado en las urnas. Recordó que fue elegido gobernador para cumplir cinco años pero fue privado arbitrariamente casi tres años después asestando un golpe al respeto democrático hacia autoridades electas.
Finalmente reafirmó su disposición absoluta a trabajar coordinadamente con el próximo alcalde electo bajo un escenario político renovado donde ya no debe prevalecer la confrontación sino una colaboración histórica necesaria para aprovechar oportunidades únicas actuales. Resaltó además la importancia estratégica de articular esfuerzos entre alcaldías municipales y Gobierno nacional con vistas a lograr resultados efectivos para toda Santa Cruz.
En suma, Luis Fernando Camacho plantea una agenda centrada en consolidar recursos financieros mediante reformas estructurales clave como el pacto fiscal 50/50; profundizar autonomía departamental real basada en competencias claras; fortalecer alianzas público-privadas con protagonismo empresarial local; combatir prácticas ilegales relacionadas con tierras; garantizar estabilidad institucional tras episodios conflictivos previos; todo ello bajo una visión pragmática orientada hacia acciones concretas destinadas a mejorar servicios básicos e infraestructura esencial para beneficio directo de los habitantes cruceños. Esta propuesta pretende dejar atrás años marcados por obstáculos políticos y económicos para iniciar una etapa dinámica enfocada en resultados tangibles durante el próximo quinquenio gubernamental
