El expresidente Luis Alberto Arce Catacora, de 62 años, vivió su última tarde en libertad plena el miércoles 10 de diciembre. En un operativo sorpresivo realizado por policías encapuchados y vestidos de civil, fue detenido y trasladado inicialmente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde permaneció dos noches. Posteriormente, fue recluido en la sección de La Posta de la cárcel de San Pedro, donde enfrentará una detención preventiva de al menos cinco meses. Así, los cinco años de su mandato entre 2020 y 2025 se transforman en un recuerdo lejano.
Antes de ingresar al penal, Arce pronunció las palabras “No nos hemos ido”, intentando mantener la calma mientras era registrado por las cámaras que documentaron su paso de la libertad al encierro, con un futuro incierto por delante. Vestía la tradicional chamarra azul que lo acompañó durante su presidencia en múltiples eventos oficiales.
El exmandatario está siendo investigado por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica relacionados con un millonario desfalco en el Fondo de Desarrollo Indígena durante su gestión como ministro de Economía y Finanzas Públicas entre 2013 y 2015. Se le señala como responsable de la transferencia de más de 100 millones de bolivianos, fondos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que habrían sido depositados en cuentas personales de dirigentes y organizaciones sociales vinculadas al partido de gobierno, bajo el supuesto marco de proyectos de desarrollo rural.
En la audiencia de medidas cautelares, que se extendió por aproximadamente seis horas, el juez Elmer Laura dictaminó la detención preventiva en San Pedro por cinco meses. A pesar de que Arce demostró tener una residencia fija y empleo estable, el juez consideró que estos factores no eliminan el riesgo procesal de obstaculización, dado su historial y la influencia que mantiene sobre exfuncionarios, testigos y coimputados que estuvieron bajo su dirección.
Durante este proceso, Arce ha enfrentado la situación prácticamente sin apoyo de sus antiguos colaboradores o líderes sociales afines a su gobierno. La única persona que lo acompañó fue su exministra de la Presidencia, Marianela Prada, quien alertó sobre la delicada situación de salud del exmandatario, señalando que padece cáncer y que su vida podría estar en riesgo dentro de la prisión.
Por su parte, el actual presidente se refirió de manera indirecta a la detención, señalando que quienes fueron responsables de la crisis económica enfrentarán las consecuencias legales correspondientes. Durante un acto de graduación de las Fuerzas Armadas, afirmó que, a pesar de las dificultades heredadas, el país logrará salir adelante y los culpables serán sancionados.
En los próximos días, se espera que la Fiscalía convoque a declarar a otros exfuncionarios, ministros y dirigentes vinculados al anterior gobierno, quienes podrían ser llamados como testigos o imputados en el marco de esta investigación
