El expresidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, fue detenido en horas de la tarde en la ciudad de La Paz y trasladado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar declaración ante fiscales de la Unidad Anticorrupción. Esta acción forma parte de la investigación relacionada con el desfalco millonario al Fondo Indígena, uno de los casos de corrupción más relevantes vinculados al gobierno del Movimiento al Socialismo.
De acuerdo con reportes iniciales, Arce fue interceptado por agentes policiales en la zona de Sopocachi y conducido a la sede central de la Felcc, donde se encuentra declarando como investigado por presuntos delitos que incluyen incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos. Estas acusaciones están relacionadas con la administración de recursos públicos destinados a proyectos sociales para comunidades indígenas.
Será la comisión de fiscales anticorrupción de La Paz la encargada de evaluar la declaración del exmandatario junto con las pruebas recopiladas durante la investigación para decidir si procede su aprehensión formal o si continuará el proceso en libertad.
Fuentes policiales indicaron que Arce no ofreció resistencia durante su detención y mantuvo una actitud tranquila ante los efectivos, quienes lo trasladaron en una vagoneta hasta la Felcc.
Este caso investiga la presunta malversación de fondos públicos que tenían como objetivo financiar obras comunitarias, pero que, según la Fiscalía, habrían sido desviados a cuentas personales de autoridades y dirigentes vinculados al Movimiento al Socialismo. Entre los implicados figura la exdiputada Lidia Patty, quien actualmente se encuentra detenida en la cárcel de Obrajes, además de otras exautoridades.
En julio de 2025, el Ministerio Público presentó una acusación formal contra al menos 15 personas, incluyendo a la exministra Nemesia Achacollo, por las irregularidades detectadas en la gestión del Fondo Indígena.
El proceso judicial tiene su origen en un informe de la Contraloría General del Estado de febrero de 2015, que reveló que 153 proyectos financiados por el Fondo Indígena no fueron concluidos a pesar de haber recibido recursos. Las investigaciones apuntan a una red de dirigentes y funcionarios que habrían recibido desembolsos sin ejecutar las obras comprometidas.
La detención de Arce generó una rápida reacción en el ámbito político. La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció un supuesto “secuestro político” y alertó a la comunidad internacional sobre lo que calificó como una medida arbitraria contra el expresidente
