Luego de una audiencia virtual que se extendió por más de seis horas, el juez 12º de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres de La Paz, Elmer Laura, dictó detención preventiva por cinco meses para el expresidente Luis Arce Catacora. La medida se cumplirá en el penal de San Pedro, fundamentada en la existencia de indicios suficientes que lo vinculan como presunto autor de delitos relacionados con el caso del Fondo Indígena, uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados a la gestión pasada del Movimiento al Socialismo (MAS). Además, se consideró un riesgo de obstaculización en el proceso investigativo.

El exmandatario enfrenta cargos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, relacionados con la supuesta desviación irregular de fondos públicos durante su etapa como ministro de Economía y miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

En su fallo, el juez Laura reconoció que Arce demostró arraigo familiar y laboral, evidenciado por su condición de docente titular en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Sin embargo, estos factores no fueron suficientes para eliminar los riesgos procesales, especialmente el riesgo de interferencia en la investigación, contemplado en el Código de Procedimiento Penal.

El magistrado argumentó que, debido a su anterior cargo como ministro y presidente, Arce mantiene una influencia significativa sobre exfuncionarios, testigos y coimputados, quienes en su mayoría formaron parte de su administración o directorios bajo su gestión. Esta situación podría facilitar la presión directa o indirecta sobre estas personas, afectando el desarrollo del proceso y la búsqueda de la verdad.

El Ministerio Público identificó a numerosas personas vinculadas al caso, incluyendo exministros, exautoridades, dirigentes y funcionarios, quienes aún deben rendir declaraciones como testigos o imputados. La complejidad del caso se incrementa por la cantidad de involucrados y la diversidad de diligencias pendientes, tales como inspecciones técnicas, registros en los lugares de los hechos, pericias especializadas y declaraciones informativas. El juez destacó que la investigación no es un proceso individual, sino que involucra a múltiples actores con responsabilidades compartidas.

Respecto al riesgo de fuga, se consideró que Arce podría abandonar el país con relativa facilidad, dado su historial de viajes y la posibilidad de salir utilizando únicamente su cédula de identidad. No obstante, la negativa del exmandatario a firmar el acta de aprehensión no fue considerada un riesgo procesal en sí misma, ya que esta situación es subsanable conforme a la normativa vigente.

En cuanto a su estado de salud, la defensa no presentó certificados médicos actualizados que acrediten la enfermedad oncológica alegada, ya que los documentos aportados corresponden a estudios realizados en 2017 y no reflejan su condición actual. El juez indicó que, en caso de requerir atención médica especializada, esta puede ser proporcionada dentro del sistema penitenciario.

Asimismo, se rechazó el argumento de la defensa sobre la improcedencia de la detención preventiva debido a la edad de Arce, señalando que el expresidente tiene 63 años, mientras que la excepción legal aplica a personas mayores de 65. Además, se recordó que en casos de corrupción con un impacto económico significativo en el Estado, la legislación limita la aplicación de medidas menos restrictivas.

El juez enfatizó la gravedad del daño económico presuntamente causado, estimado provisionalmente en miles de millones de bolivianos, y sostuvo que el principio de proporcionalidad avala la imposición de la detención preventiva. Subrayó que los delitos investigados afectan directamente el patrimonio estatal y recursos destinados a sectores vulnerables.

Con esta resolución, el expresidente Luis Arce Catacora permanecerá bajo detención preventiva durante cinco meses en el penal de San Pedro, mientras continúa el proceso judicial por el caso Fondo Indígena, que mantiene en el centro del debate político y judicial a altas exautoridades del país