La diputada de Comunidad Ciudadana cuestiona la legitimidad del fallo que revocó la orden de aprehensión contra el expresidente boliviano.
La diputada Luciana Campero ha expresado su preocupación por la reciente decisión judicial que levantó la orden de aprehensión contra Evo Morales, argumentando falta de transparencia y legitimidad en el proceso. Sus declaraciones ponen en entredicho la imparcialidad del sistema judicial boliviano.
La diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, ha levantado su voz en protesta contra la reciente decisión judicial que ha revocado la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, argumentando la falta de legitimidad y transparencia en dicha resolución. En sus declaraciones, Campero ha puesto en tela de juicio la actuación de la jueza Lilian Moreno, quien emitió el fallo, expresando su profunda preocupación por las circunstancias que rodean este caso en particular.
La legisladora ha manifestado su descontento al considerar que la decisión de levantar la orden de aprehensión carece de argumentos jurídicos sólidos, lo cual, a su parecer, pone en entredicho la imparcialidad y la legalidad del proceso. Asimismo, ha señalado como un hecho sospechoso el desconocimiento del paradero de la jueza Moreno tras la emisión del fallo, sugiriendo que esto podría comprometer aún más la independencia del sistema judicial en Bolivia.
En este sentido, Campero ha denunciado que la justicia en el país parece estar influenciada por intereses políticos en lugar de basarse en la ley y en los principios democráticos que deberían regir un Estado de derecho. Con firmeza, la diputada ha anunciado que su bancada continuará exigiendo explicaciones detalladas y transparencia en este y en otros procesos judiciales relacionados con exautoridades, demostrando su compromiso con la defensa de la legalidad y la integridad del sistema judicial boliviano.
Estas declaraciones de Campero reflejan la creciente preocupación dentro de la oposición en Bolivia respecto a la independencia y la transparencia del sistema judicial, así como la percepción de que las decisiones judiciales podrían estar siendo influenciadas por motivaciones políticas en detrimento de la justicia y la legalidad. La controversia generada por este caso promete continuar en el debate público, alimentando la necesidad de una mayor claridad y rendición de cuentas en el ámbito judicial del país.
Las declaraciones de Campero reflejan la creciente preocupación por la independencia y transparencia del sistema judicial en Bolivia, destacando la necesidad de claridad y rendición de cuentas en los procesos judiciales.
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