El caso relacionado con la exdiputada y exdirigente de las Mujeres Bartolina Sisa, Lidia Patty, ha cobrado relevancia debido a presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a proyectos comunitarios. Según investigaciones, se habrían destinado recursos a cuentas personales para financiar la construcción de carpas solares y huertas comunales; sin embargo, estas iniciativas nunca llegaron a concretarse.

La Fiscalía llevó a cabo un allanamiento en las oficinas del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), institución vinculada a los proyectos en cuestión, con el objetivo de obtener documentos que permitan esclarecer los hechos. Posteriormente, se confirmó la emisión de una orden de aprehensión contra Patty, quien no se presentó a las citaciones para brindar su declaración en el marco de la investigación por presunta conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

El abogado Eduardo León, involucrado en la pesquisa desde 2014, explicó que los fondos desviados ascienden a un monto estimado entre un millón y tres millones de bolivianos, relacionados con ocho proyectos que no fueron ejecutados. Patty habría sido la responsable principal en tres de estos proyectos y colaboró en otros cinco junto a otras dirigentes, entre ellas Felipa Huanca. A pesar de que se señala a más personas involucradas, solo ocho están formalmente acusadas y enfrentan un proceso judicial.

De acuerdo con la investigación, los proyectos presentaban un avance físico aproximado del 50%, pero Patty habría recibido alrededor del 80% del financiamiento asignado. El caso se suma a otros escándalos de corrupción vinculados al Fondo Indígena, que en su momento involucraron a diversas autoridades y dirigentes, con un daño económico estimado inicialmente en 120 millones de bolivianos, cifra que algunos expertos elevan hasta los 4.000 millones.

Cabe destacar que, tras su periodo como diputada, Patty ejerció funciones diplomáticas y estuvo involucrada en procesos judiciales relacionados con eventos políticos recientes. La Fiscalía continúa con las diligencias para avanzar en el esclarecimiento de este caso que afecta la transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a comunidades indígenas