La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, actualmente detenida de manera preventiva en el marco de la investigación por el caso Fondo Indígena, ha reafirmado con firmeza su inocencia ante las acusaciones que enfrenta. En un breve contacto con la prensa al ingresar a la Fiscalía de La Paz para rendir una nueva declaración, Patty manifestó que considera que el proceso en su contra responde a una persecución política motivada por su condición de mujer indígena.
Esta declaración se produce en medio de un contexto judicial complejo, donde la exparlamentaria se encuentra privada de libertad desde diciembre de 2025, cumpliendo una orden de detención preventiva por cuatro meses en el penal de Obrajes. La Fiscalía sostiene que Patty habría recibido fondos provenientes del ex Fondo Indígena, específicamente alrededor de 700.000 bolivianos, que estaban destinados a ocho proyectos comunitarios. Según las investigaciones, estos recursos habrían sido desviados, constituyendo parte del millonario desfalco denunciado en este caso.
Durante su breve intervención con los medios, Patty insistió en que es inocente y rechazó las imputaciones sin entrar en detalles sobre su defensa o los avances del proceso judicial. Asimismo, aseguró que se ha cumplido con los proyectos programados relacionados con los fondos en cuestión, aunque no brindó información adicional al respecto. Esta afirmación apunta a intentar demostrar que los recursos habrían sido utilizados conforme a lo previsto y que no hubo malversación.
El caso Fondo Indígena ha sido uno de los escándalos más relevantes en materia de corrupción vinculada a la gestión pública y al manejo de recursos destinados a comunidades indígenas. La implicación directa de una figura política como Patty añade una dimensión política y social significativa, ya que pone en relieve las tensiones entre sectores políticos y étnicos dentro del país. Además, la detención preventiva prolongada y las acusaciones han generado debates sobre posibles motivaciones políticas detrás del proceso judicial.
Para la población involucrada, especialmente las comunidades indígenas que deberían ser beneficiarias directas de estos proyectos financiados por el ex Fondo Indígena, este caso representa un momento crucial para exigir transparencia y justicia. La percepción pública puede verse afectada tanto por la gravedad del desfalco denunciado como por las afirmaciones de persecución política realizadas por Patty. En este sentido, el desarrollo del proceso legal tendrá un impacto importante no solo en la trayectoria personal y política de la exdiputada sino también en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de administrar recursos públicos.
En conclusión, mientras Lidia Patty sostiene su inocencia y denuncia una persecución basada en su identidad indígena y su rol político anterior, el sistema judicial continúa avanzando con las investigaciones relacionadas al presunto desvío millonario del Fondo Indígena. La resolución definitiva del caso será determinante para esclarecer responsabilidades y establecer precedentes sobre la administración pública y la lucha contra la corrupción dentro del país
