Una docena de líderes campesinos, comprometidos con la protección de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, enfrentan acusaciones formales de perturbación laboral e instigación, presentadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras. Tras una reciente audiencia de medidas cautelares, la autoridad judicial ha determinado que los acusados podrán defenderse en libertad.
Durante el proceso judicial, la parte acusadora solicitó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, atribuyendo a estos dirigentes la responsabilidad en presuntos delitos de instigación y obstaculización de las operaciones petroleras en la zona. No obstante, los representantes de los comunarios sostienen que sus acciones se enmarcan en la defensa legítima del territorio que habitan.
En las próximas etapas del proceso, las compañías petroleras deberán presentar las pruebas que sustenten las acusaciones contra los líderes campesinos. Por su parte, los denunciados han manifestado su plena disposición a colaborar con la investigación, aportando los elementos necesarios para que la Fiscalía pueda emitir una resolución, ya sea aprobando o desestimando la denuncia. Este proceso es percibido por algunos como una estrategia para intimidar a los defensores territoriales, quienes confían en una pronta manifestación del fiscal en favor de los comunarios.
Las acusaciones se dirigen específicamente contra doce individuos. Esta situación surge en un contexto donde el Cantón Chiquiacá ha expresado un rechazo mayoritario a la incursión de YPFB y Petrobras para llevar a cabo actividades hidrocarburíferas dentro de la Reserva de Tariquía.
Asimismo, se ha expresado un fuerte cuestionamiento hacia la inacción de las autoridades de Tarija. Existe una preocupación palpable por la percibida falta de apoyo de las autoridades locales hacia los dirigentes campesinos, especialmente considerando sus anteriores declaraciones de compromiso con la protección de la Reserva de Tariquía frente a la expansión petrolera. Los líderes están afrontando esta situación sin el respaldo de las autoridades ejecutivas u otras instancias que podrían manifestarse a su favor. Su labor se centra en la defensa de su territorio y en asegurar que el proceso de consulta previa y participación, que YPFB afirmó realizar de manera correcta, sea llevado a cabo con total transparencia.
Un punto de fricción adicional para los habitantes de O’Connor radica en la exigencia de una legislación que asegure regalías para su región antes de permitir cualquier explotación de hidrocarburos. Argumentan que la producción actual en el departamento beneficia exclusivamente a la zona del Chaco, dejando a su región sin compensación por los recursos extraídos
