La Asamblea Legislativa Plurinacional ha reanudado sus actividades tras el receso de fin de año, enfrentando un escenario marcado por una reconfiguración interna que afecta especialmente al oficialismo. A pocos meses de la incorporación de los nuevos legisladores, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) muestra una división interna significativa, manifestada en al menos tres corrientes diferenciadas.
Esta fractura ha sido aprovechada por la Alianza Libre, que se presenta como la mayoría opositora y plantea nuevos retos para la gobernabilidad del presidente Rodrigo Paz Pereira dentro del Parlamento. Desde la Alianza Unidad, que mantiene su alianza con el Ejecutivo, reconocen que la fragmentación del PDC representa un debilitamiento para el bloque oficialista, aunque destacan que la Asamblea ha demostrado capacidad para alcanzar consensos transversales en temas clave, como la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral y la aprobación de créditos internacionales.
Actualmente, el oficialismo se encuentra dividido en tres grupos principales: uno alineado con el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara; otro que responde directamente al presidente Paz; y un tercer grupo conformado por los legisladores orgánicos del PDC, partido que apoyó al binomio presidencial que resultó vencedor en las elecciones del 19 de octubre.
Desde la Alianza Libre, el senador José Manuel Ormachea sostiene que no existen facciones dentro del oficialismo, sino que la alianza de Gobierno ha perdido capacidad de gobernabilidad en la Asamblea. Según su análisis, con la división del PDC, el presidente Paz cuenta únicamente con el respaldo del sector que lo apoya directamente y de la Alianza Unidad, conformando un bloque minoritario y dependiente que no garantiza una mayoría sólida.
La diputada Cecilia Requena, representante de Unidad, enfatiza que la correlación de fuerzas en el Legislativo es dinámica y varía según los temas en discusión. Señala que, pese a intentos de bloqueo por parte de Edmand Lara para impedir la obtención de los dos tercios necesarios en la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral, finalmente se logró un acuerdo entre los distintos sectores. De manera similar, se alcanzaron consensos para la aprobación de créditos internacionales y el Presupuesto General de la Nación, lo que evidencia la posibilidad de colaboración entre el Ejecutivo y la Asamblea.
En este contexto, Edmand Lara reapareció con su bancada para presentar un proyecto de ley que busca anular los Decretos Supremos 5503 y 5515, convocando a senadores y diputados a respaldar esta iniciativa. Su intervención se produjo justo antes de la reanudación formal de las sesiones legislativas, tras el receso constitucional.
La tensión política se intensificó días antes, cuando Lara emitió duras críticas contra otros legisladores tras el rechazo a una resolución contra el Decreto Supremo 5503. En videos difundidos en redes sociales, calificó al Parlamento como una “olla de corrupción” y acusó a algunos legisladores de repartir cargos en entidades estatales a cambio de aprobar créditos. Estas declaraciones generaron una fuerte reacción por parte de las directivas de Diputados y Senadores, que exigieron una retractación, mientras que algunos asambleístas anunciaron posibles acciones legales. Sin embargo, Lara desafió estas medidas y afirmó contar con pruebas que respaldan sus acusaciones.
Frente a un oficialismo fragmentado, una oposición que se declara mayoritaria y un presidente de la Asamblea en abierta confrontación, el inicio de este nuevo periodo legislativo se perfila como un escenario de alta tensión. La gobernabilidad dependerá cada vez más de acuerdos puntuales y menos de bloques partidarios rígidos, lo que plantea un desafío importante para la estabilidad política y la gestión parlamentaria
