La Ley del Taxi Seguro, aprobada en febrero de este año, se encuentra en su fase de reglamentación, un proceso que abarca 120 días calendario. Se prevé que la normativa entre en vigor a partir del mes de septiembre, con el objetivo primordial de fortalecer la seguridad de los pasajeros que utilizan el servicio de transporte público en la ciudad.

Esta legislación confiere al Gobierno Municipal la responsabilidad de desarrollar un sistema informático. Dicha plataforma digital permitirá el registro, control y monitoreo de los vehículos que operan como taxis y radio móviles dentro del área urbana.

Una de las disposiciones clave que se ha establecido en la reglamentación es que los vehículos que no cuenten con radicatoria en la ciudad de Tarija no podrán prestar el servicio de taxi. Los propietarios de estos motorizados disponen hasta septiembre para regularizar su situación y cumplir con este requisito, lo que permitirá un mayor control sobre la flota vehicular. Esta medida surge de la necesidad de abordar situaciones donde la falta de registro local impide el seguimiento efectivo por parte de las autoridades, como ocurrió recientemente en un incidente donde un intento de agresión a una joven en un taxi no pudo ser investigado adecuadamente debido a que el vehículo estaba registrado en otra ciudad.

La implementación de esta ley busca prevenir una serie de delitos y situaciones de riesgo, incluyendo robos, asaltos, agresiones físicas y otros hechos que ponen en peligro la integridad de la población. La tramitación de esta normativa ha sido el resultado de más de un año de trabajo coordinado con el Ejecutivo municipal, culminando en su aprobación y posterior promulgación. La expectativa ahora se centra en su aplicación efectiva.

Dado que agosto y septiembre marcan una temporada de alta afluencia turística en el departamento, especialmente con la proximidad de festividades patronales como San Roque y Chaguaya, la aplicación de esta ley es considerada fundamental. Se busca ofrecer una imagen de ciudad segura a los visitantes, y por ello, se considera vital que la reglamentación concluya y la norma se aplique, si es posible, antes de los plazos establecidos. El impulso detrás de esta legislación radica en la convicción de que un marco legal robusto y controles efectivos son esenciales para salvaguardar a la comunidad