El departamento de Tarija se encuentra al borde de una significativa disputa territorial y económica, con la Asamblea Legislativa Departamental (ALDT) programando para el 22 de octubre el debate de un proyecto de ley que redefiniría la distribución de las regalías hidrocarburíferas. Esta iniciativa ha provocado que la Región Autónoma del Chaco declare un estado de emergencia y vigilancia permanente, mientras que otras jurisdicciones como Padcaya, Bermejo y Entre Ríos impulsan activamente la nueva normativa.
El epicentro de esta controversia es el proyecto de Administración y distribución de recursos económicos por Regalías Hidrocarburíferas de Tarija. Esta propuesta, respaldada por organizaciones cívicas y campesinas de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos, surge de la percepción de que, a pesar de su propia producción gasífera, los recursos se han concentrado desproporcionadamente en el Chaco. Estas áreas demandan lo que consideran un derecho histórico a una participación equitativa.
Desde la perspectiva del Chaco, sin embargo, esta iniciativa no representa una simple reasignación, sino un ataque directo a lo que califican como una conquista histórica y social trascendental. Esta postura quedó formalizada en la Resolución N° 01/2025, emitida el 14 de octubre por los Comités Cívicos de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí, los tres municipios que conforman la región autónoma.
El documento, respaldado por los principales líderes cívicos de la región, es una declaración de unidad y una clara advertencia. Sus considerandos rememoran una ferviente y valerosa lucha del pueblo chaqueño por más de 30 años, que culminó con la asignación directa del 45% proveniente del 11% departamental que Tarija recibe como departamento productor. Este acuerdo, cimentado en la Ley N° 3470 de Creación de la Región Autónoma del Gran Chaco y su Estatuto Autonómico, es considerado un legado sagrado que ahora se ve amenazado. La resolución no solo reafirma la cohesión del pueblo chaqueño para defender su autonomía e integridad, sino que exige a las autoridades departamentales y nacionales el estricto cumplimiento de las leyes que la protegen. El punto más enfático de la resolución declara a la región en estado de emergencia y vigilia permanente ante cualquier intento, acción o norma que pretenda menoscabar, debilitar o desvirtuar las bases de la autonomía del Gran Chaco, anticipando una resistencia firme y movilizaciones si el proyecto avanza.
En contraste con esta postura, las provincias de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos argumentan en favor de una justicia distributiva. El asambleísta departamental José Yucra, miembro de la directiva de la ALDT, ha emergido como uno de los voceros principales de esta posición. Yucra ha justificado la inclusión del proyecto en la agenda legislativa, señalando que busca compensar a las regiones que, a pesar de producir gas en su territorio durante años, no han recibido las regalías correspondientes. Ha cuestionado que la región del Chaco concentre una parte significativa de los recursos, incluso de la producción generada en otras áreas. El asambleísta también ha indicado que el proyecto cuenta con informes favorables de las comisiones de Constitución y Finanzas de la ALDT, lo que valida su procedimiento legal. Afirmó que la directiva está resuelta a someterlo a votación, dejando la decisión final en manos del pleno de los asambleístas.
Sin embargo, voces disidentes dentro de la ALDT han expresado su preocupación. El asambleísta Jorge Sanguino ha lamentado que este proyecto de ley se impulse en un contexto electoral, y ha recordado pronunciamientos previos del Servicio Estatal de Autonomía (SEA) que, aparentemente, restan potestad a la ALDT para legislar sobre este tipo de normativas, dada la existencia de una legislación nacional superior. Sanguino ha manifestado que la Asamblea Departamental carece de la tuición para abordar esta norma y ha anunciado que se realizarán las representaciones correspondientes a las autoridades nacionales. Rechazó categóricamente cualquier acción que pudiera reavivar intentos de separación departamental o generar conflictos entre el Chaco y las demás provincias.
Esta no es una disputa reciente; el conflicto latente por la distribución de la riqueza gasífera ha sido un tema recurrente en la política tarijeña. Actualmente, la Región Autónoma del Chaco, amparada por la Ley N° 3038 del 29 de abril de 2005, se beneficia con el 45 por ciento del 11% de las regalías que recibe el departamento de Tarija, independientemente de dónde se origine la producción hidrocarburífera.
Las provincias de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos han criticado este sistema, considerándolo desproporcionadamente favorable al Chaco. En respuesta, diversas instituciones como el Concejo Municipal de Yacuiba y el Comité Cívico de Yacuiba han cerrado filas, pronunciándose en contra de cualquier intento de modificar la ley que otorga el 45% de las regalías a la Región Autónoma del Chaco. La presidente del Concejo Municipal de Yacuiba, Vania Sánchez, ha enfatizado la aprobación de un voto resolutivo que exige el respeto de este porcentaje. Por su parte, el presidente cívico, Henry Medrano, ha aclarado que no se niega el derecho de las regiones que también se convertirán en productoras de hidrocarburos, pero se exige el respeto a lo establecido por la ley nacional en relación con el 45% ya asignado
