La reciente entrada en vigencia del Decreto Supremo 5552 ha generado un fuerte rechazo por parte del vicepresidente Edmand Lara, quien ha calificado esta medida como inconstitucional y anunció que promoverá acciones legales para su anulación. Esta norma, publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia y vigente desde el 20 de febrero, establece una reestructuración en la organización de la Vicepresidencia del Estado, subordinando todas sus unidades al Ministerio de la Presidencia, ya sea de manera directa o administrativa.
Este cambio implica una significativa modificación en la autonomía que tradicionalmente ha tenido la Vicepresidencia para manejar sus propias dependencias y recursos. Según Lara, el decreto limita severamente sus funciones y atribuciones, dejándolo prácticamente sin capacidad para contratar personal, firmar documentos oficiales o tomar decisiones administrativas dentro de su ámbito. En sus declaraciones a los medios, el vicepresidente expresó que con esta disposición queda reducido a un rol subordinado al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, lo que considera una vulneración directa a lo estipulado en la Constitución Política del Estado.
Lara fundamenta su rechazo en la interpretación constitucional que reconoce al vicepresidente como un órgano con funciones específicas y autonomía dentro del sistema político boliviano. Por ello, anunció que se están preparando recursos legales constitucionales para impugnar el decreto y recuperar las competencias que le confiere la Carta Magna. Además, hizo un llamado público al Tribunal Constitucional y a otras autoridades encargadas de velar por el respeto a las normas fundamentales, instándolos a actuar con justicia para defender no solo su persona sino la institucionalidad democrática del país.
En su crítica más amplia al accionar gubernamental, Lara advirtió sobre los riesgos que implica permitir que el presidente gobierne mediante decretos supremos sin un adecuado control ni respeto a los procesos institucionales. Señaló que esta práctica podría erosionar las bases democráticas y abrir la puerta a una concentración excesiva del poder en el Ejecutivo. En este sentido, alertó sobre un posible efecto dominó donde otras instituciones fundamentales como la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial e incluso el Tribunal Electoral podrían verse igualmente afectadas por medidas similares.
Para enfrentar esta situación, Lara informó que cuenta con un equipo jurídico trabajando en las estrategias legales necesarias para presentar los recursos contra el Decreto Supremo 5552 ante las instancias correspondientes. Su postura refleja una preocupación profunda por la salud democrática del país y un llamado urgente a preservar los principios constitucionales frente a decisiones administrativas que podrían vulnerar derechos y alterar el equilibrio institucional.
Este conflicto pone en evidencia tensiones internas dentro del gobierno respecto al manejo del poder y la distribución de competencias entre diferentes órganos del Estado. La controversia generada por este decreto tiene implicaciones directas para el funcionamiento cotidiano de la Vicepresidencia y plantea interrogantes sobre los límites legales y políticos en la reforma administrativa impulsada por el Ejecutivo. La atención pública se mantiene expectante ante las próximas acciones legales anunciadas y las respuestas que puedan surgir desde las instituciones judiciales encargadas de garantizar el respeto al orden constitucional boliviano
