En Bolivia, la alarmante cifra de feminicidios continúa en ascenso, reflejando una grave problemática social que afecta a diversas regiones del país. Según los datos oficiales proporcionados por el Ministerio Público, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 23 de febrero de este año, se han registrado un total de catorce casos de feminicidio en diferentes departamentos. Este número pone en evidencia la persistencia y la gravedad de la violencia de género que enfrentan las mujeres bolivianas, con una distribución territorial que abarca desde La Paz hasta Beni y Tarija.
La ciudad de La Paz lidera esta trágica estadística con seis víctimas, seguida por Cochabamba y Santa Cruz, cada una con dos casos reportados. Oruro también registra dos feminicidios en este lapso, mientras que Beni y Tarija reportan un caso cada uno. Esta dispersión geográfica indica que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni exclusivo de un área determinada, sino una problemática extendida que requiere atención urgente a nivel nacional.
En particular, el caso registrado en Tarija destaca por ser el primero denunciado en esta gestión y por las circunstancias que rodean a la víctima. Se trata de una joven de apenas 19 años, identificada como Leonela N.M.M., quien además presentaba discapacidad intelectual. El hecho tuvo lugar en el municipio de Villa Montes, específicamente en una comunidad situada a aproximadamente cuatro horas de la ciudad cabecera del departamento. La gravedad del caso ha movilizado al Ministerio Público para iniciar una investigación exhaustiva y profunda desde su conocimiento.
El fiscal Departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios, anunció formalmente el inicio del proceso investigativo por feminicidio tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de Leonela. La respuesta institucional busca no solo esclarecer las circunstancias exactas del crimen sino también brindar justicia a una familia sumida en el dolor y generar conciencia sobre la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres con discapacidad frente a los actos violentos.
El seguimiento del caso está a cargo del fiscal Fabio César Mamani, quien detalló que la víctima fue reportada como desaparecida desde el 18 de febrero. Tras intensas labores policiales para localizarla, su cuerpo fue encontrado cuatro días después, cerca del mediodía del 22 de febrero, en avanzado estado de descomposición a unos cinco kilómetros de su domicilio. La distancia y las condiciones del hallazgo complican aún más la investigación pero no detienen el compromiso institucional para esclarecer los hechos.
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó la autopsia correspondiente que determinó como causa principal del fallecimiento una hemorragia interna derivada de un trauma cerrado abdominal con estallido del bazo. Además, se estableció que la data aproximada del fallecimiento corresponde a cuatro o cinco días antes del hallazgo, lo cual coincide con el tiempo transcurrido desde su desaparición. Estos datos médicos corroboran la violencia extrema sufrida por Leonela antes de su muerte.
Este caso pone nuevamente en evidencia las condiciones precarias y riesgosas a las que están expuestas muchas mujeres bolivianas, especialmente aquellas con alguna discapacidad intelectual o física que limita su capacidad para defenderse o solicitar ayuda efectiva. La multiplicidad y diversidad geográfica de los feminicidios registrados refleja también deficiencias en políticas públicas orientadas a prevenir este tipo de violencia y proteger a las víctimas potenciales.
La respuesta institucional ante estos hechos es fundamental para generar confianza en la población afectada y demostrar voluntad política para erradicar este flagelo social. El compromiso expresado por los fiscales encargados indica un esfuerzo activo para identificar a los responsables y evitar impunidad; sin embargo, se trata solo del primer paso hacia un cambio estructural necesario.
En suma, el aumento sostenido en los casos reportados durante los primeros meses del año constituye un llamado urgente para reforzar mecanismos preventivos, mejorar la protección legal y social hacia las mujeres vulnerables y fomentar una cultura que rechace toda forma de violencia basada en género dentro de Bolivia. La atención prioritaria sobre cada caso debe ir acompañada por estrategias integrales que involucren educación comunitaria, fortalecimiento institucional y apoyo psicológico para familias afectadas. Solo así podrá avanzarse hacia un entorno más seguro e igualitario para todas las mujeres bolivianas
