La Fiscalía de la Audiencia Nacional en España ha decidido archivar la investigación abierta en 2021 contra el cantante Julio Iglesias, tras una denuncia presentada por dos exempleadas que lo acusaban de acoso y agresión sexual. La causa fue cerrada debido a la falta de competencia jurisdiccional de los tribunales españoles para abordar el caso.
En un decreto oficial divulgado recientemente, la Fiscalía argumenta que no se cumplen los requisitos legales para que la justicia española pueda intervenir en esta denuncia, la cual incluye delitos como trata de personas con fines de trabajo forzado, agresión sexual, lesiones y vulneración de derechos laborales. Según la normativa vigente, para que España pueda ejercer jurisdicción, es necesario que el acusado sea ciudadano español, que no exista un proceso abierto en el país donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista un vínculo material con España, como que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
En este caso, las denunciantes son extranjeras y no residen en España, mientras que los hechos ocurrieron en otros países, considerados plenamente competentes para investigar. Además, los acusados, entre ellos Julio Iglesias, poseen diferentes nacionalidades y no residen en territorio español. Por ello, la Fiscalía concluye que no existe un nexo relevante con España que justifique la intervención.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo también establece que la jurisdicción española no debe suplantar a la del Estado con competencia primaria, salvo que se demuestre la imposibilidad o falta de voluntad para investigar en dicho país, situación que no se ha acreditado en este caso, ya que no se ha presentado denuncia en los lugares donde ocurrieron los hechos.
Las acusaciones fueron formuladas por una exempleada doméstica y una fisioterapeuta, quienes presentaron diversas pruebas, incluyendo documentos laborales, fotografías, grabaciones y mensajes de WhatsApp, para respaldar sus denuncias de agresiones sexuales, humillaciones y malos tratos laborales. La denuncia fue presentada en enero, y poco después, la Fiscalía otorgó a las denunciantes la condición de testigos protegidos.
Estas denuncias se hicieron públicas en paralelo a una investigación periodística que recopiló los testimonios de las dos mujeres, quienes relataron episodios de abusos ocurridos en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas. Entre las denuncias, se menciona que las trabajadoras eran sometidas a pruebas médicas invasivas, como exámenes ginecológicos y pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual.
Julio Iglesias ha negado rotundamente las acusaciones, afirmando públicamente que nunca ha abusado ni coaccionado a ninguna mujer. Asimismo, intentó participar en la investigación para acceder a la denuncia, solicitud que fue rechazada por la Fiscalía. A través de su cuenta en redes sociales, el artista también compartió mensajes que supuestamente recibió de las denunciantes, con la intención de demostrar su inocencia, aunque reconoció que el caso ha afectado gravemente su reputación
