La Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz ha formalizado una solicitud para activar mecanismos de cooperación internacional, iniciando gestiones con autoridades chilenas, tras la incautación de un cargamento de 700 kilos de cocaína que fue despachado desde Bolivia con destino a Barcelona, España.
Esta acción se enmarca dentro de las investigaciones conjuntas que llevan adelante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público. El 22 de diciembre de 2025, las autoridades del puerto de Arica reportaron el hallazgo de la droga, que estaba oculta cuidadosamente en un cargamento de madera destinado a la exportación.
Las solicitudes de colaboración internacional no se limitarán a Chile, ya que la Fiscalía planea extenderlas a otros países para esclarecer en profundidad todas las conexiones y alcances del grupo criminal involucrado en el tráfico.
Según informes de inteligencia de la Felcn, el contenedor con la madera impregnada con clorhidrato de cocaína salió de Bolivia el 25 de octubre. La carga, que pesaba aproximadamente 19,5 toneladas, fue interceptada en Arica luego de que las autoridades chilenas confirmaran la presencia de la sustancia ilegal.
Las investigaciones se iniciaron en Santa Cruz, con la Felcn y la Fiscalía como principales responsables. Se determinó que la madera fue despachada por la empresa Exportmader Bolivia SRL, con sede en dicha ciudad. Esta empresa cuenta con certificación forestal de origen y está autorizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Desde 2018, Exportmader Bolivia SRL ha realizado 152 exportaciones de diversos tipos de madera hacia destinos como Estados Unidos, España, Israel, China y Uruguay. En el marco de las pesquisas, fue detenida Rosio Esther Coca Gutiérrez, representante legal de la empresa y con facultades para autorizar las exportaciones. La Fiscalía la imputó por tráfico de drogas, y el fiscal antidrogas Rubén Ordóñez solicitó su detención preventiva, argumentando la existencia de pruebas contundentes.
El 31 de diciembre, la imputada fue presentada ante el juez cautelar Rodrigo Buhezo, quien determinó su detención preventiva en la cárcel de Palmasola por un período de 60 días. No obstante, la Fiscalía anunció que apelará esta decisión para solicitar una ampliación del plazo a 180 días.
Mientras tanto, la Felcn y la Fiscalía continúan con operativos de allanamiento y el secuestro de dispositivos móviles, a la espera de analizar su contenido para avanzar en el esclarecimiento del envío del cargamento de droga
