La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija enfrenta una situación financiera crítica debido a la disminución constante de sus ingresos y a una estructura institucional que excede su capacidad económica. Con un presupuesto asignado para 2026 de apenas 14,7 millones de bolivianos, la institución debe sostener a 60 legisladores, entre titulares y suplentes, además del personal administrativo y gastos operativos, lo que resulta insostenible a largo plazo.

El presidente de la Asamblea ha señalado que los recursos presupuestados para 2025 se redujeron en un 34%, lo que ha obligado a adaptarse a esta nueva realidad económica. Aunque actualmente no existe un déficit formal, la falta de liquidez impide cumplir con todas las obligaciones financieras de manera oportuna.

Uno de los principales pasivos que se heredarán a la próxima gestión es una deuda cercana a 1,5 millones de bolivianos correspondiente a salarios pendientes, acumulados solo en enero de 2026. A esta cifra se suman otros compromisos financieros por más de 500.000 bolivianos relacionados con servicios de comunicación y gastos administrativos, provenientes de gestiones anteriores.

Para mitigar la presión económica, la directiva actual ha implementado medidas como la reducción salarial de los asambleístas titulares, cuyo sueldo pasó de 13.000 a 11.500 bolivianos, y ha propuesto eliminar el pago a los suplentes, quienes actualmente reciben el 40% del salario de un titular. Además, se ha llevado a cabo una reducción del personal administrativo, priorizando la asignación de recursos por bancada en lugar de hacerlo por asambleísta, con el fin de optimizar el gasto.

Una reforma estructural clave pendiente es la reducción del número de legisladores departamentales, propuesta que busca disminuir de 30 a 17 el número de asambleístas y eliminar el pago a los suplentes. Esta iniciativa fue remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta, lo que impedirá su implementación en las próximas elecciones subnacionales. De no aplicarse esta medida, la Asamblea continuará con una estructura que no se ajusta a las limitaciones presupuestarias actuales.

Se estima que la reducción en el número de legisladores podría generar un ahorro anual entre 6 y 7 millones de bolivianos, cifra que contribuiría significativamente a la viabilidad financiera de la institución. Sin embargo, la falta de recursos ha afectado también el cumplimiento de leyes aprobadas, situación atribuida tanto a dificultades en la gestión económica como a la falta de coordinación política con los niveles nacional y departamental.

Los nuevos asambleístas serán elegidos en las próximas elecciones subnacionales, programadas para marzo, y asumirán sus cargos a comienzos de mayo, enfrentando el desafío de administrar una institución con limitaciones económicas y una estructura que demanda ajustes profundos para garantizar su sostenibilidad futura