El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, en la provincia O’Connor de Tarija, ha decidido postergar hasta el jueves la inspección programada para evaluar la situación en la zona de Domo Oso X-3. Esta medida se tomó debido a las complicaciones generadas por el mal estado de la carretera que conecta con el Chaco, una situación agravada por las recientes lluvias intensas que afectan la región. La Delegada de la Defensoría del Pueblo, Cecilia Bolívar Corrillo, confirmó que el juez a cargo fundamentó su decisión en las condiciones precarias del camino, las cuales no solo dificultan el acceso sino que también han provocado consecuencias trágicas, incluyendo el fallecimiento de algunas personas.
La inspección es un paso crucial dentro del proceso judicial que involucra a diversas partes interesadas, entre ellas los comunarios de Chiquiacá y otras comunidades asentadas en la Reserva de Tariquía. Estas poblaciones han manifestado un especial interés en el desarrollo de esta revisión territorial debido al impacto que podría tener sobre su entorno y modo de vida. La postergación busca garantizar que el recorrido y las observaciones se realicen bajo condiciones adecuadas y seguras, evitando cualquier riesgo adicional derivado del estado actual de los caminos.
El Defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, anunció que estará presente durante la inspección para supervisar que se cumplan los procedimientos establecidos y proteger los derechos e intereses de las comunidades involucradas. Su participación también responde a una medida precautoria presentada previamente con el fin de asegurar que se respeten los estándares internacionales y la normativa nacional vigente. En particular, se hace énfasis en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, un tratado regional que establece obligaciones vinculantes para garantizar consultas públicas efectivas y transparentes en proyectos con potencial impacto ambiental.
Tras la inspección, está prevista una audiencia pública en Entre Ríos para el 24 de marzo, donde se espera continuar con el análisis detallado del caso. Hasta el momento no se ha informado sobre posibles cambios o aplazamientos adicionales respecto a esta instancia judicial. La audiencia será fundamental para examinar aspectos técnicos y legales relacionados con la licencia ambiental otorgada al proyecto Domo Oso X-3, así como para evaluar la categorización asignada al ingreso petrolero en esta área sensible.
Durante estas diligencias, el juez y su equipo técnico realizarán un recorrido exhaustivo por toda la zona geográfica señalada para observar in situ las condiciones ambientales y sociales. Este proceso permitirá recoger testimonios y observaciones tanto de las comunidades afectadas como de las empresas petroleras interesadas en explotar recursos en este territorio. Entre las compañías involucradas destacan Petrobras y YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), actores clave en el desarrollo energético regional.
En este contexto, uno de los puntos centrales es verificar si se han respetado los derechos ambientales y sociales contemplados por la legislación nacional e internacional. Esto incluye analizar si existió una consulta previa adecuada a las comunidades indígenas y campesinas afectadas, así como revisar la implementación efectiva de mecanismos para proteger a los defensores ambientales que participan activamente en este proceso.
La postergación hasta el jueves refleja también una preocupación por evitar incidentes derivados del clima adverso que ha impactado severamente la infraestructura vial local. Este factor es determinante para asegurar que tanto funcionarios judiciales como representantes comunitarios puedan desplazarse sin riesgos significativos durante esta etapa crucial del proceso legal.
En definitiva, este aplazamiento temporal busca garantizar un procedimiento justo, seguro y transparente en un caso donde convergen intereses económicos significativos con derechos fundamentales vinculados al medio ambiente y al bienestar social. La atención puesta en estas diligencias evidencia la relevancia del tema para las poblaciones locales y para toda la región afectada por actividades extractivas en áreas protegidas como la Reserva de Tariquía. El desarrollo adecuado de estas instancias marcará un precedente importante sobre cómo se manejan conflictos ambientales relacionados con proyectos petroleros en zonas sensibles del país
