Los comunarios de Chiquiacá se encuentran en una situación de incertidumbre y preocupación debido a la reciente postergación de una audiencia y una inspección crucial en el caso relacionado con la exploración petrolera en la zona del pozo Domo Oso X-3. Originalmente programada para el 9 de febrero, esta diligencia fue suspendida por el Tribunal Agroambiental, decisión que ha generado desconfianza entre los habitantes y dirigentes de la comunidad, quienes temen que esta prórroga beneficie a la empresa petrolera involucrada.
El dirigente comunitario Albino Mercado, quien representa a los intereses de los comunarios de Chiquiacá, expresó que esta demora podría interpretarse como una maniobra para otorgar más tiempo a la empresa petrolera, Petrobras, con el fin de consolidar su posición y demostrar la legalidad de sus operaciones en el área. Según Mercado, la empresa insiste en su intención de acceder a la zona conocida como Saicán para llevar adelante actividades de perforación exploratoria mediante el pozo Domo Oso X-3. Esta área ha sido objeto de disputa porque Petrobras sostiene que se encuentra fuera del límite establecido por la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, mientras que los comunarios defienden que su ingreso afectaría territorios bajo su resguardo.
La postergación no solo retrasa la inspección in situ programada para verificar las condiciones reales en el lugar, sino que también prolonga la incertidumbre sobre las acciones legales y ambientales que se deben tomar para proteger los derechos territoriales y ambientales de la comunidad. La falta de claridad sobre los fundamentos con los cuales el Tribunal Agroambiental decidió aplazar la audiencia genera dudas sobre la imparcialidad del proceso y si efectivamente se está velando por un equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental.
Además, Albino Mercado advirtió que tanto Petrobras como sectores gubernamentales estarían promoviendo una estrategia para dividir a los comunarios. Esta maniobra buscaría dar una imagen distorsionada del consenso interno, sugiriendo que existe un respaldo mayoritario hacia las actividades petroleras cuando, según él, no es así. La división interna podría debilitar la resistencia comunitaria y facilitar el avance de proyectos extractivos sin un acuerdo real ni beneficios claros para los habitantes originarios.
Este escenario pone en relieve las tensiones entre comunidades indígenas o campesinas y empresas extractivas en zonas con recursos naturales estratégicos. La postergación judicial afecta directamente a quienes viven en estas áreas porque retrasa decisiones fundamentales sobre su territorio y modo de vida. El conflicto también evidencia las dificultades para garantizar procesos transparentes donde se respeten derechos colectivos frente a intereses corporativos respaldados por estructuras estatales.
En definitiva, la situación plantea un llamado a una revisión cuidadosa del procedimiento legal y administrativo vinculado a este caso específico. Los comunarios están atentos a que el Tribunal Agroambiental actúe con justicia e imparcialidad para evitar perjuicios mayores al medio ambiente y a sus formas tradicionales de vida. La expectativa es que las próximas fechas judiciales traigan mayor claridad y no prolonguen indefinidamente un conflicto con profundos impactos sociales, económicos y ecológicos para toda la región involucrada
