La reciente determinación judicial de revertir los casos conocidos como Senkata, en La Paz, y Sacaba, en Cochabamba, reorientándolos hacia juicios de responsabilidades, ha generado una reacción crítica por parte de la titular de Justicia, Jessica Saravia. La ministra señaló la inconsistencia de que el propio sistema judicial, que ahora redirige estos expedientes, fuera el mismo que inicialmente los había encauzado como procesos ordinarios.

La titular de Justicia reconoció la ratificación de esta resolución por parte de un tribunal, lo que implica la remisión a una jurisdicción diferente. No obstante, enfatizó la relevancia de recordar que la decisión inicial de proceder mediante juicio ordinario también emanó del propio Órgano Judicial. En este contexto, manifestó respeto por las determinaciones judiciales y la expectativa de que los procesos sigan su curso.

La evolución de estos casos ha sido compleja. A mediados de 2022, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una resolución que determinó la vía del juicio ordinario contra la exmandataria en el caso EBA. Esta directriz sirvió de base para la ratificación, en noviembre de 2023, de un proceso ordinario contra la expresidenta en el caso Senkata, decisión tomada por una jueza que, curiosamente, fue posteriormente detenida en junio de este año bajo acusaciones de consorcio entre abogados y jueces.

La ministra de Justicia hizo referencia a estas decisiones judiciales que impulsaron los procesos ordinarios contra la exmandataria. Sin embargo, en agosto de este año, un instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desvirtuó el avance procesal previo. Como consecuencia, los tribunales de Cochabamba y La Paz se inhibieron de continuar con el juzgamiento de la exmandataria, remitiendo los casos a la jurisdicción de los juicios de responsabilidades.

La exmandataria ha reiterado su demanda por el juicio de responsabilidades, afirmando que los procesos judiciales iniciados en su contra fueron impulsados por directrices políticas y no por el debido proceso. En este sentido, ha hecho alusión a las advertencias de un Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, quien expresó inquietud por la denegación de su derecho a un juicio de responsabilidades, vinculándolo a instrucciones de carácter político. Esta postura se alinea con admisiones previas de un exministro de Justicia, quien reconoció la existencia de imposiciones políticas en el inicio de estos juicios