La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, enfrenta nuevamente la justicia en un nuevo proceso penal que se suma a las investigaciones ya existentes en torno al desfalco del Fondo Indígena. Su comparecencia ante la Fiscalía Departamental de La Paz representa un avance en la ampliación de las pesquisas, dado que este nuevo caso involucra hechos que no fueron abordados en el proceso inicial iniciado en 2016. Esta ampliación se desarrolla de manera paralela al proceso principal vinculado a los denominados “proyectos fantasmas”, pero responde a una denuncia distinta y a irregularidades específicas detectadas posteriormente.
El origen de esta nueva investigación se encuentra en una denuncia presentada por el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), entidad sucesora del Fondo Indígena, durante el mes de noviembre de 2025. Esta denuncia pone en evidencia la presunta mala administración de un monto cercano a los 670 mil bolivianos que fueron depositados en cuentas particulares vinculadas a Lidia Patty, quien se desempeñaba como diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) en ese momento. Los recursos estaban destinados a la implementación de carpas solares para el cultivo de tomates en ocho comunidades localizadas en la provincia Bautista Saavedra, sin embargo, las obras nunca llegaron a concretarse. Este incumplimiento no solo representa un daño económico sino también un perjuicio social para las comunidades indígenas que debían beneficiarse con estos proyectos productivos.
El proyecto original había sido aprobado en 2010 con un presupuesto total superior a los 9 millones y medio de bolivianos, siendo justificado su desembolso parcial con la finalidad de favorecer a la organización femenina Bartolina Sisa. La Fiscalía ha imputado también al entonces ministro de Economía Luis Arce, quien formaba parte del directorio del Fondo Indígena, por autorizar el traslado irregular de fondos desde cuentas fiscales hacia cuentas particulares, lo cual constituye una conducta administrativa reprochable y posiblemente ilícita. Nemesia Achacollo fue incluida dentro del proceso debido a su rol como ministra y miembro del directorio del Fondo Indígena durante ese periodo, lo que implica que tenía responsabilidad directa sobre la supervisión y aprobación de los proyectos financiados por esta entidad.
El fiscal encargado detalló que la responsabilidad administrativa asignada a Achacollo consistía en verificar que los proyectos cumplían con los requisitos técnicos y legales antes de recibir aprobación oficial. No obstante, las actas oficiales del directorio revelan ausencias reiteradas por parte de Achacollo durante reuniones clave donde se discutían estos proyectos. A pesar de estas faltas, ella firmó documentos que aprobaron iniciativas con observaciones pendientes e irregularidades evidentes. Este comportamiento pone en cuestión su compromiso y diligencia como autoridad responsable dentro del Fondo Indígena.
Este nuevo proceso judicial se suma al caso principal que comenzó tras un informe emitido por la Contraloría General del Estado en 2014. Dicho informe detectó la existencia de 153 proyectos “fantasma” relacionados con el Fondo Indígena, cuyo perjuicio económico fue estimado en aproximadamente 171 millones de dólares. En ese caso mayor están involucradas otras 13 personas entre exfuncionarios públicos y líderes sociales cercanos al MAS durante el gobierno anterior liderado por Evo Morales. Todos ellos deben enfrentar este año un juicio por presuntas faltas tales como incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Desde una perspectiva jurídica, expertos consultados coinciden en señalar que los nuevos hechos imputados no fueron explorados ni investigados adecuadamente durante el proceso inicial desarrollado hace varios años. El exfiscal Anghelo Saravia destacó que no puede considerarse doble juzgamiento porque estos indicios forman parte ahora de una causa distinta y no formaban parte del cuaderno original investigativo. Esta distinción es fundamental para garantizar el derecho al debido proceso sin vulnerar garantías legales.
Asimismo, el abogado Héctor Castellón enfatizó que dentro del caso Fondo Indígena existen distintos niveles o tipos de responsabilidad: uno relacionado con el manejo económico directo y otro vinculado con la fiscalización administrativa ejercida por las autoridades encargadas. En este sentido, señaló que durante el primer proceso no se profundizó suficientemente en la responsabilidad administrativa individual o genérica atribuible a Achacollo como presidenta del directorio del Fondo Indígena.
Saravia añadió además que la exministra incumplió sus funciones como máxima autoridad dentro del Fondo Indígena y denunció posibles interferencias políticas para frenar investigaciones más amplias o rigurosas. Mencionó incluso la anulación de una orden inicial de aprehensión contra Achacollo y modificaciones posteriores en las actuaciones oficiales dentro del expediente judicial.
Por su parte, Castellón consideró que la investigación inicial tuvo deficiencias importantes porque no agotó todas las líneas posibles sobre responsabilidades administrativas vinculadas al control interno sobre los múltiples proyectos observados por Contraloría. Según él, aquella pesquisa fue más bien una simulación destinada a aparentar sanciones cuando realmente no existió voluntad efectiva para castigar las irregularidades detectadas.
En definitiva, este nuevo capítulo judicial apunta a esclarecer responsabilidades pendientes sobre uno de los escándalos más significativos relacionados con recursos públicos dirigidos al desarrollo rural e indígena. La población involucrada –especialmente comunidades campesinas e indígenas– sigue siendo afectada por estas irregularidades dado que proyectos productivos clave quedaron inconclusos o jamás ejecutados pese al desembolso millonario recibido. La profundización y continuidad de esta investigación resultan esenciales para garantizar justicia y transparencia frente a casos emblemáticos donde convergen política, administración pública y derechos colectivos vulnerados durante años
