El reciente fallo emitido por el Juzgado Agroambiental ha generado una medida contundente y definitiva en relación con las construcciones irregulares que se han levantado sobre el lago San Jacinto, ubicado en el departamento de Tarija. La resolución judicial ordena el desalojo y la demolición de todas las cabañas flotantes instaladas en esta área, una decisión que surge tras la trágica muerte de una niña de tan solo siete años ocurrida durante el pasado fin de semana en esta zona turística. Este lamentable suceso ha puesto en evidencia las condiciones precarias y los riesgos que implican estas edificaciones para la seguridad pública y el medio ambiente.
El gobernador de Tarija, Óscar Montes, manifestó un respaldo absoluto a la resolución del Juzgado y enfatizó que todas las construcciones existentes sobre las orillas y directamente sobre las aguas del lago carecen de cualquier autorización legal. Estas estructuras no cuentan con permisos ni de la Gobernación, ni del municipio local, ni del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), lo que las convierte en edificaciones ilegales desde su origen. Montes subrayó que estas plataformas flotantes son construcciones precarias que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad para los usuarios ni con condiciones sanitarias adecuadas, lo que pone en riesgo a quienes frecuentan la zona.
Además, el gobernador advirtió acerca de un riesgo potencial mucho más grave asociado a estas instalaciones. Explicó que debido al mal estado estructural —como desprendimiento de clavos, astillas o fierros— se podría comprometer la integridad de los neumáticos utilizados para mantener a flote estas plataformas. Este deterioro podría ocasionar un vaciamiento parcial del embalse natural del lago San Jacinto, generando consecuencias catastróficas para las viviendas ubicadas aguas abajo. La posibilidad de un accidente mayor añade una dimensión ambiental y social crítica al problema, ya que afectaría no solo a quienes visitan la zona sino también a comunidades enteras asentadas en áreas vulnerables.
Montes también hizo referencia a la responsabilidad histórica en esta problemática al cuestionar la actuación de anteriores autoridades locales y departamentales que permitieron el crecimiento descontrolado y clandestino de estas construcciones sin supervisión ni regulación alguna. Reiteró que los terrenos donde se encuentran estas edificaciones forman parte del proyecto múltiple San Jacinto, un área protegida bajo jurisdicción estatal, lo que significa que ninguna persona o entidad posee derechos propietarios legítimos sobre esas tierras o aguas.
En cuanto al proceso para hacer efectiva la orden judicial, el gobernador aclaró que corresponde al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) llevar a cabo la demolición física de las cabañas flotantes ilegales. Por su parte, la Policía tiene la facultad legal para garantizar el cumplimiento estricto de esta disposición mediante acciones operativas coordinadas. Para supervisar este proceso, autoridades locales junto con el Secretario Departamental de Recursos Naturales han realizado desplazamientos hasta el lago con el fin de verificar in situ que se estén ejecutando adecuadamente las medidas dispuestas por el Juzgado Agroambiental.
Finalmente, Óscar Montes expresó su profundo pesar por la pérdida fatal ocurrida y lamentó que haya sido necesaria una tragedia para impulsar acciones concretas frente a un problema conocido desde hace tiempo. Su mensaje concluyó con un llamado firme a cumplir cabalmente la orden judicial para evitar futuros incidentes similares y proteger tanto a los visitantes como al entorno natural del lago San Jacinto. Esta resolución no solo representa una medida legal sino también un paso fundamental hacia la recuperación ambiental y social de una zona turística emblemática pero vulnerable debido al crecimiento informal e irregular registrado en años recientes
