El Comité pro Santa Cruz rindió un homenaje a la expresidenta Jeanine Áñez, al gobernador Luis Fernando Camacho y al exlíder cívico Marco Pumari, reconociendo lo que definieron como una reparación moral tras dos décadas de presunta persecución política atribuida a los gobiernos del MAS. Según esta organización, los tres dirigentes fueron objeto de un aparato estatal que instrumentalizó la justicia para sancionar a opositores y líderes cívicos que denunciaron el fraude electoral de 2019.

Durante la ceremonia, se afirmó que el país atravesó un periodo en el que el temor se utilizó como mecanismo de control político, lo que llevó a cientos de ciudadanos a buscar refugio fuera del territorio nacional. Asimismo, se defendió la tesis de que en 2019 existió un fraude electoral y se calificó como un montaje la narrativa del autogolpe, planteada para desacreditar a quienes defendieron la democracia y se opusieron a la reelección indefinida. El mensaje central del acto fue la importancia de reconstruir un sistema judicial justo y garantizar que la libertad sea un derecho conquistado diariamente.

En su intervención, Luis Fernando Camacho agradeció la distinción y la dedicó al pueblo cruceño, al que describió como la fuerza que posibilitó la recuperación de la libertad en 2019. Recalcó que su encarcelamiento no representa vergüenza, sino un orgullo por haber defendido pacíficamente la democracia, y sostuvo que su detención fue un intento fallido de convertirlo en un trofeo político, ya que nunca cometió delito alguno. También recordó que aún persisten presos, perseguidos y exiliados, y resaltó que la lucha fue limpia, pacífica y popular, manteniendo firme la determinación del pueblo.

El Comité también dio lectura a una carta enviada por Marco Pumari, quien no pudo asistir al evento. En su mensaje, agradeció el reconocimiento y reafirmó que su participación en los acontecimientos de 2019 respondió a un compromiso ciudadano frente a la crisis vivida en ese año.

Jeanine Áñez cerró el acto con palabras de agradecimiento, señalando que su detención fue parte de un sistema de abuso de poder. Manifestó su compromiso de continuar trabajando para que los perseguidos políticos puedan regresar a sus hogares y se haga justicia en el país.

El Comité pro Santa Cruz concluyó señalando que en el actual ciclo político la prioridad debe ser la reconstrucción del Estado de derecho, y afirmó que seguirá siendo un espacio de resistencia democrática, marcando el inicio de un camino hacia una Bolivia libre de persecuciones políticas.

En paralelo a este homenaje, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la realización de una audiencia pública el próximo 19 de noviembre en la Universidad de Miami, destinada a dar seguimiento a las investigaciones sobre las diez muertes ocurridas en Senkata y Sacaba. Esta medida se basa en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que documentó el uso de armas letales durante el mandato de Áñez, aunque dicho informe no consideró el contexto del fraude electoral de 2019.

Por otro lado, el exembajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, criticó la convocatoria de la CIDH, calificándola de motivada políticamente. Señaló que la audiencia busca provocar al nuevo gobierno boliviano, que apenas tiene una semana en funciones, y expresó que la liberación de Jeanine Áñez genera incomodidad en ciertos sectores