Sebastián Enrique Marset Cabrera, un narcotraficante uruguayo de gran notoriedad, seguirá tras las rejas en Estados Unidos después de que un juez federal decidiera no concederle la libertad bajo fianza. Esta resolución se basa en la evaluación de un alto riesgo de fuga durante el proceso judicial que enfrenta por lavado de dinero vinculado al narcotráfico internacional.
La decisión fue tomada durante su segunda comparecencia ante el tribunal en Alexandria, Virginia, donde el juez William B. Porter dictaminó que Marset debe permanecer en prisión preventiva mientras avanza la causa en su contra. Durante la audiencia, el acusado no realizó declaraciones y se presentó bajo estricta custodia federal.
La Fiscalía del Distrito Este de Virginia ha presentado acusaciones serias contra Marset, describiéndolo como el líder de una organización criminal de gran escala dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. Se le atribuyen operaciones en varios países, incluyendo Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, así como en diversas naciones europeas. Además, se le señala por utilizar el sistema financiero internacional para lavar millones de dólares derivados de estas actividades ilícitas a través de bancos tanto en Estados Unidos como en Europa.
Los fiscales han expuesto que Marset operaba junto a su socio Federico Ezequiel Santoro Vassallo, quien ya ha sido condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de conspiración para el lavado de dinero. La investigación sugiere que ambos individuos movilizaban grandes cantidades de dinero utilizando empresas fachada y sofisticados mecanismos financieros para encubrir el origen ilegal de los fondos.
La captura y posterior extradición del uruguayo se llevó a cabo el 13 de marzo en Santa Cruz, Bolivia, como resultado de un operativo que facilitó su traslado inmediato a Estados Unidos. Enfrenta cargos que podrían resultar en una condena de hasta 20 años de prisión si es hallado culpable.
En la audiencia reciente, la defensa solicitó tiempo adicional para cumplir con ciertos requisitos legales. Como resultado, el juez estableció el 25 de marzo como la nueva fecha para la próxima diligencia judicial, donde se anticipa que se realizará la lectura formal de los cargos y se permitirá la declaración del imputado.
Este caso ha captado atención internacional no solo por la figura del acusado, considerado uno de los narcotraficantes más buscados en la región, sino también por la complejidad y alcance global de la red criminal que supuestamente lideraba. Las autoridades estadounidenses enfatizan que la negativa a otorgar fianza es una medida necesaria ante la magnitud del caso y las conexiones internacionales del acusado, elementos que aumentan considerablemente el riesgo de evasión judicial. Mientras tanto, el proceso legal avanza hacia una etapa crucial que podría definir un precedente significativo en la lucha contra el narcotráfico a nivel regional e internacional.
