En Tarija, un nuevo conflicto surge entre la expansión de proyectos hidrocarburíferos estatales y la defensa de áreas protegidas. La Fiscalía de Materia de Entre Ríos ha presentado cargos formales contra 17 campesinos y comunarios vinculados a la protección de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Estas personas están acusadas de obstaculizar las labores de prospección del proyecto exploratorio Domo Oso X3, impulsado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El proceso penal, iniciado tras una denuncia de la empresa estatal petrolera, ha generado críticas por la rapidez con la que el Ministerio Público resolvió los trámites, en un lapso de apenas dos horas, cuando usualmente estos procedimientos requieren varios días. Los acusados interpretan esta celeridad como una muestra de presión para facilitar la entrada de YPFB y Petrobras a una zona con alta sensibilidad ambiental.

Según la Fiscalía, los hechos se registraron los días 1 y 2 de octubre de 2024, cuando personal de YPFB y Petrobras Bolivia S.A. intentó acceder a los predios conocidos como “Valle del Peregrino” y “Oso Morro Montuoso”, ubicados en el cantón Chiquiacá, municipio de Entre Ríos. Las empresas contaban con supuestas autorizaciones de los beneficiarios de estos terrenos para realizar actividades técnicas de prospección. Sin embargo, un grupo de comunarios bloqueó el ingreso en el acceso a la comunidad de Saican, impidiendo el paso pese a la presencia policial, lo que habría causado daños económicos a YPFB y, por extensión, al Estado.

Los 17 imputados enfrentan cargos por “impedir o estorbar el ejercicio de funciones” y “atentados contra la libertad de trabajo”, conforme a los artículos 161 y 303 del Código Penal. Entre ellos se encuentran agricultores, ganaderos, amas de casa, comunarios y el concejal municipal de Entre Ríos, Rodrigo Altamirano Garay, quien también es acusado de “instigación pública a delinquir”. Diez de los acusados cuentan con representación legal del abogado Roger Ibarra Coronado, quien destaca la complejidad social y ambiental del caso.

Un análisis documental revela que los predios en disputa presentan serias superposiciones y que los derechos de propiedad no están plenamente consolidados. Un informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) indica que, mientras no exista una resolución definitiva de saneamiento, los beneficiarios no pueden ser considerados propietarios plenos, lo que pone en duda la validez de las autorizaciones que YPFB y Petrobras presentaron para ingresar a la zona.

En el proceso, YPFB se ha constituido formalmente como víctima, respaldando su actuación con un poder notarial que autoriza a más de 30 abogados a representarla en instancias judiciales y administrativas a nivel nacional.

La defensa ha criticado la rapidez con la que la Fiscalía actuó. El abogado Roger Ibarra señaló que la denuncia fue presentada el 29 de diciembre de 2025, y en apenas dos horas y media se resolvieron objeciones y revocatorias, cuando por ley estos trámites suelen tomar al menos 24 horas y, en la práctica, varios días. Esta celeridad ha sido considerada inusual y preocupante.

Por su parte, el concejal Rodrigo Altamirano lamentó que 17 personas enfrenten un proceso penal por proteger la reserva. Señaló que, a pesar de ser Tarija la región natal del presidente Rodrigo Paz Pereira, se persigue judicialmente a comunarios que defienden el agua y el territorio. Altamirano afirmó que la justicia actúa con rapidez para intimidar a personas humildes y campesinas, buscando que abandonen la defensa territorial, y consideró que el actual Gobierno aplica una postura más severa que administraciones anteriores. Ante esta situación, pidió el apoyo de la población y de la Defensoría del Pueblo para enfrentar el proceso judicial.

Este caso ha adquirido relevancia nacional al poner en evidencia la tensión entre la explotación de recursos naturales, la protección ambiental y los derechos agrarios. Mientras la Fiscalía sostiene que se afectaron funciones estatales, los comunarios defienden su acción como un legítimo ejercicio de defensa territorial en un contexto de incertidumbre sobre la propiedad de la tierra