Juan Carlos Guedes, una de las figuras procesadas en el denominado ‘caso terrorismo’, ha señalado que el proceso colectivo iniciado por cinco individuos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado boliviano se encuentra próximo a su resolución. Se ha manifestado que la contienda legal ha abarcado más de una década, y el litigio contra el Estado boliviano ante la instancia judicial en Costa Rica está por culminar. Se espera que la actual administración gubernamental aborde este proceso en su fase final con la debida seriedad. Guedes fue una de las personas señaladas en el incidente del Hotel Las Américas en Santa Cruz.
Durante una parte del gobierno de Evo Morales, se intentó que los implicados en el caso aceptaran su culpabilidad y optaran por un procedimiento abreviado. Se ha criticado que las administraciones de Evo Morales y Luis Arce Catacora han postergado la resolución de esta problemática.
A pesar de haber sido absuelto y liberado durante la presidencia de Jeanine Áñez, Guedes mantuvo su demanda ante la Corte IDH, argumentando haber permanecido detenido en diversas prisiones del país por un periodo de diez años, seis meses y veintidós días. Se ha revelado que hubo una propuesta de compensación de 750.000 dólares por cada persona cuyos derechos fueron vulnerados, discutida con el gobierno anterior, pero esta medida resarcitoria no se materializó. La percepción es que la actual administración no ha brindado justicia efectiva, y se ha anunciado la intención de elevar el caso a la Corte Penal Internacional de La Haya.
Los otros demandantes en esta acción colectiva son Alcides Mendoza, Mario Tadic, Elöd Tóásó y la progenitora de Michael Martin Dwyer, el ciudadano irlandés que perdió la vida durante la incursión en el Hotel Las Américas.
Gary Prado, abogado defensor de varios de los procesados en el ‘caso terrorismo’, ha señalado que la estrategia de la Procuraduría durante la gestión de Evo Morales consistió en calificar a los acusados como separatistas. Se ha argumentado que la narrativa oficial, construida durante el gobierno de Evo Morales con la participación del exfiscal Marcelo Sosa, carece de sustento respecto a las violaciones de derechos humanos, la masacre en el Hotel Las Américas, los actos de tortura, la detención preventiva ilegal y la afrenta a la dignidad humana al exhibirlos públicamente como culpables por una década.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue divulgado en 2022, elaborado en respuesta a una solicitud presentada por el abogado Gerardo Prado Herrera y la madre de Dwyer. Esta solicitud, interpuesta en septiembre de 2009 y aceptada en 2018, imputaba al Estado boliviano la responsabilidad internacional por la ejecución extrajudicial, torturas y detención ilegal de las supuestas víctimas: Dwyer, Tadic y Tóásó (quienes sobrevivieron a la operación policial), así como los ciudadanos bolivianos Guedes y Mendoza.
En abril de 2009, una intervención policial en un hotel de Santa Cruz resultó en tres fallecimientos, entre ellos el de Dwyer, y la aprehensión de Tadic y Tóásó. Estos últimos fueron acusados de integrar una célula terrorista con presuntos planes de secesión para la región cruceña y de atentar contra la vida del entonces presidente Evo Morales (periodo 2006-2019).
En 2015, Tadic y Tóásó recibieron una condena de cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas, luego de acogerse a un procedimiento abreviado. Habiendo cumplido ya su pena en detención preventiva, ambos salieron del país aduciendo preocupaciones por su seguridad y procedieron a demandar al Estado boliviano ante instancias internacionales por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Las 39 personas implicadas en el caso consistentemente denunciaron que el proceso tuvo motivaciones políticas, buscando silenciar a figuras opositoras en Santa Cruz. Durante la investigación, diversas hipótesis cuestionaron la naturaleza antiterrorista del enfrentamiento en el hotel. El expediente se clausuró en 2020 con la absolución de todos los acusados que aún estaban bajo proceso
