El caso conocido como “las maletas” continúa generando un fuerte impacto en el ámbito judicial y policial, tras la revelación de nuevas circunstancias que involucran a un juez actualmente recluido en la cárcel de Palmasola. Durante una audiencia de apelación que se desarrolló de manera virtual, el magistrado Hebert Zeballos expuso su versión sobre las condiciones de su aprehensión, señalando que fue víctima de un procedimiento ilegal por parte del Ministerio Público, a pesar de haberse presentado voluntariamente para declarar como testigo.

La audiencia se extendió durante varias horas, desde la mañana hasta media tarde, y tuvo lugar en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. La sesión fue dirigida por el vocal Freddy Larrea y contó con la participación activa de la Fiscalía antinarcóticos, representada por los fiscales Julio César Porras y Rubén Ordóñez, quienes siguieron el proceso desde sus oficinas. En este contexto, Zeballos hizo un férreo ejercicio de defensa junto a su abogado defensor, argumentando que su detención careció de legalidad debido a la ausencia de una citación formal y al cambio abrupto en su condición procesal.

El juez explicó que acudió a las autoridades únicamente para cumplir con una convocatoria en calidad de testigo. Sin embargo, minutos después fue informado que pasaba a ser investigado y quedó aprehendido sin respetar los procedimientos legales establecidos. Esta situación generó un cuestionamiento sobre las actuaciones del Ministerio Público en su contra. No obstante, durante esta audiencia Zeballos evitó referirse directamente al hallazgo de casi 80 kilos de marihuana detectados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en la empresa donde figura como principal socio capitalista.

La detención preventiva del magistrado fue ratificada por el vocal Larrea, quien decidió mantenerlo privado de libertad por un periodo adicional de 120 días mientras continúan las investigaciones. Esta medida había sido inicialmente impuesta por otro juez en una audiencia cautelar previa.

El origen del caso remite al 20 de enero cuando la Felcn y la Fiscalía antidrogas realizaron un allanamiento en los galpones pertenecientes a la Empresa Boliviana de Seguridad (Ebose), ubicada en una zona conocida como Villa Primero de Mayo. La operación policial tenía como objetivo inicial encontrar armas, pero terminó con el hallazgo significativo de una gran cantidad de marihuana almacenada en las instalaciones. Durante el operativo se detectó la actitud nerviosa de un guardia que trabajaba para Ebose, lo cual llevó a intensificar las revisiones dentro del lugar.

En particular, los agentes notaron un fuerte olor característico proveniente del interior del ambiente protegido con puertas blindadas tipo blindex. Esto motivó el llamado inmediato a especialistas antinarcóticos para confirmar la presencia del estupefaciente. Además del decomiso físico, se incautó documentación tanto empresarial como personal que vinculaba directamente al juez Zeballos con la empresa.

Un elemento clave dentro del caso es la relación establecida entre esta droga y un acontecimiento ocurrido meses antes: el ingreso al país mediante un avión privado contratado por una exdiputada identificada como Laura Rojas, quien transportó 32 maletas con divisas provenientes desde Estados Unidos. El avión aterrizó en el aeropuerto internacional Viru Viru casi dos meses antes del allanamiento. Según los informes oficiales, esas maletas fueron retiradas días más tarde del depósito aduanero por Rojas misma y trasladadas bajo escolta motorizada hasta las instalaciones donde posteriormente se encontró la droga.

A partir de ese momento se desató una incógnita sobre el paradero actual de estas maletas cargadas con dinero que desaparecieron sin dejar rastro alguno. Este hecho añade complejidad al expediente y genera inquietud sobre posibles vínculos ilícitos entre los involucrados.

Hasta ahora se han detenido cinco personas relacionadas con este entramado criminal, entre ellas el guardia nervioso encontrado durante el allanamiento. También se ha descubierto que ciertos funcionarios judiciales habrían sido utilizados como “palos blancos” o personas fachada para operaciones vinculadas con Ebose.

Recientemente, cinco empleados aduaneros que estaban activos en Viru Viru durante la llegada y retiro de las maletas declararon ante la Fiscalía para aportar información sobre esta parte crucial del proceso investigativo.

Este caso pone en evidencia no solo problemáticas relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero sino también cuestionamientos profundos acerca del respeto a los derechos procesales y garantías legales dentro del sistema judicial boliviano. La combinación entre corrupción institucional presunta y delitos graves mantiene alta la expectativa social respecto a cómo avanzarán las investigaciones y qué repercusiones tendrá para todos los implicados