El homicidio del magistrado Wilber Marcial Cruz Arancibia, de 38 años, quien ejercía como juez del Tribunal de Sentencia de Villa Tunari en el Trópico de Cochabamba, es objeto de una investigación que avanza bajo estricta reserva. Las pesquisas han centrado su atención en dos individuos que ya se encontraban bajo detención preventiva, aprehendidos previamente en mayo de 2023 y junio de 2024, respectivamente, por su presunta implicación en casos de secuestro y asesinato en la misma región. Ambos son hermanos de figuras prominentes vinculadas a organizaciones criminales y ahora enfrentan cargos por este reciente crimen. Paralelamente, se han llevado a cabo operativos de allanamiento en propiedades ubicadas tanto en la ciudad de Cochabamba como en el municipio de Villa Tunari.

El incidente fatal ocurrió el viernes 7 de noviembre. El juez Cruz se encontraba en su vehículo, acompañado por su hijo, detenido en un semáforo en la intersección de la calle Diego Almagro y la avenida D’Orbigny en Cochabamba, aguardando el cambio de luz. A las 22:52, una cámara de vigilancia capturó el momento en que una motocicleta con dos ocupantes se aproximó. Los atacantes dispararon tres veces contra la ventanilla del conductor. El automóvil se movió ligeramente hacia adelante y atrás, mientras la motocicleta realizó un giro en U, se detuvo brevemente junto a la ventanilla del copiloto y luego emprendió la huida por la misma calle. El hijo de la víctima clamó por auxilio en medio de la conmoción.

En la escena del crimen, los perpetradores dejaron una nota manuscrita con el mensaje: “Por no cumplir tu trabajo. Te lo advertí… igual Cristina. Pe…”. Agentes policiales acordonaron la zona, recolectaron la nota y otros elementos de interés, y procedieron con el levantamiento del cuerpo. La autopsia forense determinó que la causa del deceso fue un shock hipovolémico provocado por una hemorragia interna y un traumatismo toraco-cervical, resultado de un proyectil de arma de fuego. Esto significa que la víctima sufrió una pérdida masiva de sangre que llevó al colapso de sus órganos vitales.

La investigación se ha enfocado de manera particular en Remberto López H., quien permanece en detención preventiva en el penal de San Pablo, Quillacollo, desde mayo de 2023, por su presunta conexión con secuestros. Fue arrestado junto a su hermano, Nabor López H., a quien las autoridades identificaron como líder de una organización criminal, y otros dos hombres. Nabor fue asesinado en enero de este año por otro recluso en la cárcel de Chonchocoro, La Paz. El lunes 10 de noviembre, una comisión compuesta por fiscales y agentes policiales se trasladó a la prisión de Quillacollo para tomar declaración a Remberto, obteniendo indicios que sugieren su posible participación en el asesinato del juez.

El segundo individuo bajo sospecha es Elvis Villarroel C., quien cumple detención preventiva en el penal de San Sebastián Varones desde junio de 2024, también por casos de secuestro y asesinato. Ahora, su nombre se suma a la lista de investigados por el crimen del magistrado. Elvis es hermano de Ariel Villarroel, un prófugo de la justicia, señalado por las autoridades como el sucesor de Nabor López tras la detención y posterior muerte de este último.

Como parte de las diligencias investigativas, fiscales y policías ejecutaron recientemente varios allanamientos. Durante la tarde de ayer, ingresaron a una propiedad cercana a la avenida de la Fuerza Aérea, donde se presume residía Remberto López. Según el testimonio de una mujer que alquila en el lugar, los investigadores incautaron documentos, carnets, certificados y DVDs, además de revisar tres ambientes de la vivienda.

Simultáneamente, otro equipo de fiscales y policías llevó a cabo un allanamiento en un departamento situado en un edificio próximo al puente Beijing, sobre la avenida Blanco Galindo. Se ha indicado que esta propiedad habría pertenecido al juez asesinado. Tras la operación, personal de la Fiscalía, la Policía y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) salió del inmueble con una caja cuyo contenido estaba cubierto por plástico rojo, además de varios documentos.

Más temprano, las autoridades habían allanado la oficina del Tribunal de Sentencia No. 1 de Villa Tunari, lugar de trabajo del juez, así como su residencia en el mismo municipio. Ninguna autoridad ha ofrecido detalles sobre los resultados de estos allanamientos o lo incautado, dado que el caso se mantiene bajo reserva judicial por un periodo de diez días.

El abogado Lurwyn Ledezma ha planteado una hipótesis, sugiriendo que el juez fue asesinado por negarse a autorizar la liberación de Remberto L.H. El letrado añadió que la nota dejada por los asesinos menciona a una persona llamada Cristina, a quien identifica como también jueza y exmiembro del mismo tribunal.

Según Ledezma, detrás de este crimen operaría una organización liderada por Ariel Villarroel, quien habría asumido el liderazgo tras Nabor L.H. (hermano de Remberto L.H.). El abogado ha señalado diversas irregularidades, incluyendo que el tribunal donde trabajaba Cruz revocó una orden de traslado de Remberto al penal de Cantumarca en Potosí, instruyendo que permaneciera en San Pablo. Además, en cierto momento, Remberto estuvo cerca de obtener libertad, y luego detención domiciliaria, pero estas decisiones fueron frustradas por apelaciones.

El 18 de mayo de 2023, el entonces viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, presentó a quienes calificó como miembros de una red criminal dedicada a secuestros en el Trópico de Cochabamba. Entre ellos figuraban los hermanos Nabor y Remberto L.H., junto a Mateo R. y Alfredo R.M., todos ellos enviados a centros penitenciarios con detención preventiva. El 1 de noviembre, Alfredo fue asesinado con ocho disparos en una calle del barrio Paraíso de Entre Ríos. En ese momento se desconocía que había obtenido su libertad; posteriormente, las autoridades informaron que un juez había dispuesto su detención domiciliaria, la cual no estaba cumpliendo, ya que no se encontraba en su vivienda al momento del ataque.

Para el abogado Ledezma, estos incidentes guardan relación con el asesinato del juez, aunque las autoridades, amparándose en la reserva, no han confirmado oficialmente esta hipótesis.

La investigación sigue su curso, con la recopilación de nuevas grabaciones de cámaras de vigilancia. Entre el material obtenido, se observa al juez saliendo de la unidad educativa donde estudia su hijo, después de participar en un festival de danzas folclóricas, poco antes de su asesinato. Estos y otros registros y pruebas están siendo analizados con el objetivo de esclarecer completamente el crimen