La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) continúa desentrañando una compleja trama relacionada con la organización criminal liderada por Sebastián Marset, cuya captura reciente ha reavivado investigaciones y revelaciones sobre irregularidades judiciales y la recuperación de bienes incautados que habían sido devueltos a la red delictiva. Este caso, que involucra delitos de tráfico internacional de drogas y organización criminal, ha puesto en evidencia no solo la magnitud del entramado criminal, sino también serias fallas dentro del sistema judicial que han facilitado la restitución indebida de propiedades y activos a los implicados.
La historia se remonta al 29 de julio de 2023, cuando Marset protagonizó una fuga desde su mansión ubicada en el quinto anillo de la avenida Beni. Durante su escape, secuestró a dos agentes policiales que realizaban labores de inteligencia para capturarlo, lo que provocó una rápida movilización policial que incluyó una serie de allanamientos e incautaciones masivas. Entre los bienes recuperados se encontraban propiedades de gran valor, como una quinta de más de tres hectáreas situada en el camino a Porongo, próxima al ecoparque y restaurante La Rinconada. Esta propiedad destacaba por sus instalaciones modernas: amplias habitaciones, piscinas y campos deportivos, evidenciando el nivel económico alcanzado por la organización.
Además, las autoridades lograron asegurar otros inmuebles estratégicos para las operaciones delictivas, como una cancha de fútbol en la carretera al norte, dos hangares y siete avionetas en Coloradillos, Warnes. También fue incautada la mansión donde habitaba Marset y más de 15 vehículos de alta gama. Todos estos bienes quedaron bajo custodia preventiva asignada a distintas unidades policiales especializadas como Umopar y el Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), siguiendo los procedimientos legales correspondientes para preservar las evidencias dentro del proceso penal.
Sin embargo, un giro preocupante se dio cuando se conoció que dos jueces cautelares en Santa Cruz emitieron resoluciones secretas mediante las cuales ordenaron la devolución de estos valiosos bienes a la organización criminal. Estas decisiones fueron tomadas sin realizar audiencias públicas ni notificar al Ministerio Público ni a la Felcn, lo que contraviene las normas procesales habituales. En uno de estos casos, la jueza responsable ya había sido destituida meses atrás por el Consejo de la Judicatura debido a procesos disciplinarios en su contra; sin embargo, no había sido formalmente notificada debido a supuestas protecciones dentro del sistema judicial. El otro juez involucrado también enfrenta procesos disciplinarios abiertos por el Consejo de la Magistratura pero continúa ejerciendo funciones bajo circunstancias similares.
Ante esta situación irregular, el Ministerio Público ha dejado claro que nunca autorizó ni ejecutó devoluciones parciales o totales de los bienes incautados relacionados con este caso. De hecho, pese a no haber sido notificado formalmente sobre estas resoluciones judiciales, interpuso recursos legales en todas las instancias disponibles para revertir dichas decisiones y evitar cualquier perjuicio procesal o material que pudiese favorecer a la red criminal. La Fiscalía subrayó además que este caso tiene una alta gravedad y trascendencia internacional dado el alcance transnacional del delito investigado.
Tras la recaptura efectiva del cabecilla Sebastián Marset durante un megaoperativo coordinado con apoyo internacional —incluyendo un traslado inmediato hacia Estados Unidos para responder ante tribunales norteamericanos por cargos relacionados con tráfico ilícito de sustancias controladas y otros delitos conexos— se inició un nuevo ciclo operativo destinado a asegurar nuevamente los bienes vinculados a su estructura criminal. En esta segunda fase se procedió a reincautar al menos cinco inmuebles utilizados previamente como casas de seguridad o centros logísticos para sus actividades ilícitas.
Aparte del patrimonio inmobiliario asegurado nuevamente, las fuerzas policiales confiscaron armamento pesado incluyendo fusiles AK47, granadas y municiones; vehículos blindados y lujosos; avionetas; chalecos antibalas; grandes cantidades de combustible para aviación; así como paquetes con marihuana en estado húmedo. Esta operación refleja no solo el poder económico acumulado por esta organización sino también su capacidad logística para mantener operaciones complejas e internacionales.
Las autoridades estiman que el valor total afectado por estas reincautaciones supera los 15 millones de dólares, cifra que da cuenta tanto del volumen como del impacto económico generado por esta red criminal en materia narcotraficante. Además hay personas detenidas vinculadas directamente con estas actividades ilegales —cuatro ya enviadas a prisión preventiva— mientras se mantiene vigilancia especial sobre ocho ciudadanos brasileños señalados dentro del esquema transnacional.
Este caso pone en relieve múltiples desafíos: desde la capacidad operativa conjunta entre organismos nacionales e internacionales hasta las falencias internas dentro del sistema judicial que pueden obstaculizar procesos penales cruciales contra organizaciones criminales sofisticadas. La coordinación entre Felcn, Fiscalía y agencias extranjeras será fundamental para garantizar justicia efectiva y evitar impunidad frente a estructuras dedicadas al narcotráfico con alcance regional e internacional. Para la población local e institucional representa un llamado urgente a fortalecer mecanismos legales y garantizar transparencia en procesos judiciales vinculados al crimen organizado para proteger el orden público y salvaguardar los derechos ciudadanos frente a amenazas complejas como estas
