La delicada situación económica que enfrenta la nación, marcada por la onerosa subvención de combustibles y las crecientes complicaciones para la adquisición de diésel y gasolina en el mercado internacional, exige una reevaluación profunda de la estrategia energética. Expertos en la materia sugieren que la próxima administración gubernamental deberá considerar seriamente la eliminación de dicho subsidio y, simultáneamente, impulsar de forma decidida la producción nacional de carburantes.

El especialista Raúl Velásquez ha señalado que el venidero período gubernamental se enfrentará a retos significativos. En el corto plazo, la prioridad será asegurar la continuidad de la subvención, lo cual demanda una disponibilidad considerable de divisas para financiar las importaciones. Actualmente, la dependencia del mercado exterior es alarmante: aproximadamente el 90% del diésel y el 60% de la gasolina consumidos en el país provienen de fuentes externas. La escasez de moneda extranjera representa un obstáculo inmediato para sostener este esquema, haciendo imperativa una corrección estructural de la subvención.

A largo plazo, la visión es que el país debe trascender su rol de importador neto de combustibles para recuperar su capacidad productiva. Esto implica un fomento y potenciación integral de la industria de hidrocarburos. Una de las medidas propuestas es la implementación de una nueva Ley de Hidrocarburos que reactive la exploración petrolera. Una de las barreras identificadas es el precio estático del barril de petróleo a nivel nacional, fijado en 27,11 dólares desde hace más de diez años. Esta cifra contrasta marcadamente con los valores internacionales, que fluctúan entre 60 y 70 dólares, generando un claro desincentivo para la inversión exploratoria foránea. La falta de exploración se traduce directamente en la escasez de diésel, ya que este combustible se obtiene del petróleo.

La situación del gas natural no es menos preocupante, con una disminución del 53% en la producción. Las estimaciones actuales sugieren que, a partir de 2028, la nación podría verse compelida a importar este recurso vital. Se subraya que el plazo de apenas dos años hace inviable el descubrimiento de nuevos yacimientos de envergadura. Para revertir la tendencia y asegurar la autosuficiencia, se requeriría el hallazgo de al menos tres campos gigantes.

El debate sobre la sostenibilidad de la subvención se ha intensificado en el panorama nacional. Mantenerla implica un desembolso anual de 2.900 millones de dólares, recursos que el erario público no posee en divisas. Este escenario se complejiza aún más por el contexto electoral, donde las propuestas de los candidatos presidenciales sobre este tema crucial son escasas o poco definidas. Además, diversos sectores sociales han manifestado su preocupación, advirtiendo sobre un posible encarecimiento generalizado de los precios en el país si se decide eliminar la subvención