Las autoridades bolivianas están profundizando en posibles conexiones entre los responsables del homicidio de Édgar Dorado Menacho, conocido como ‘el Jefe’, y ciertos miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, además de un presunto traficante de armas de origen brasileño. Esta investigación en curso se fundamenta en informes de inteligencia, recientes operativos de allanamiento y el análisis de comunicaciones telefónicas. Es importante recordar que todas las personas mencionadas en este contexto gozan de la presunción de inocencia hasta que una resolución judicial firme determine lo contrario.

Dorado fue asesinado el 27 de julio en Santa Ana de Yacuma, en el departamento del Beni. Pesaba sobre él una notificación internacional de Interpol, tras haber sido identificado como conductor de Misael Nallar el 21 de junio de 2022, fecha del triple homicidio ocurrido en Porongo, Santa Cruz, donde perdieron la vida dos agentes policiales y un voluntario del Gacip. Los registros policiales lo señalan como presunto partícipe material de aquel suceso, aunque permaneció prófugo mientras Nallar fue capturado, procesado y sentenciado.

La hipótesis investigativa sugiere que Dorado intentaba reactivar operaciones vinculadas al narcotráfico desde Santa Ana, lo que presuntamente lo habría puesto en conflicto con Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias ‘Coco Vásquez’, quien es señalado en los informes como el supuesto autor intelectual del ataque.

Las autoridades sostienen que la estructura criminal atribuida a ‘Coco Vásquez’ mantenía enlaces con un oficial y un subalterno de la Policía, con al menos cuatro integrantes de la Armada y con Neogelio Marmitt Da Silva, un ciudadano brasileño de 67 años, actualmente detenido e investigado como presunto proveedor de armamento. Informes de la fuerza antidrogas también vinculan a los hermanos Erick y Oswaldo Hurtado Aguilera con esta red, atribuyéndoles varios homicidios perpetrados en Beni y Santa Cruz desde 2023. El seguimiento de inteligencia permitió localizar la residencia de ‘Coco Vásquez’ en la localidad de Cayubaba, municipio de Exaltación, en el departamento de Beni.

En esa zona, se llevaron a cabo al menos doce allanamientos en viviendas y propiedades asociadas al investigado, donde se descubrieron hangares y una pista clandestina utilizada para aeronaves de pequeño porte.

Un alférez de la Armada fue aprehendido, presuntamente por mantener contacto con miembros de la organización. Por ahora, la identidad de otros individuos bajo investigación se mantiene en reserva para no obstaculizar el progreso de las pesquisas.

El día del asesinato de Dorado, siete atacantes se desplazaron en dos vehículos: una camioneta de color plomo y una vagoneta tipo Jeep. De la primera descendieron tres individuos armados que abrieron fuego contra el automóvil en el que viajaba Dorado, causándole la muerte con siete impactos de bala. Cámaras de vigilancia en la escena captaron una Toyota Hilux ploma sin placa, la cual, según testimonios anónimos, se presume que pertenecía a ‘Coco Vásquez’. Semanas antes, este mismo vehículo habría sido avistado en poder de los hermanos Hurtado Aguilera y también en el taller de Marmitt Da Silva.

Los reportes indican que la Policía ha identificado a tres de los atacantes: los hermanos Hurtado Aguilera y Hidelbrando Rodríguez Da Silva, ciudadano brasileño que conducía la camioneta. Horas después del crimen, fueron aprehendidos Marmitt, Rodríguez y el boliviano Franco Dorado, de 25 años, quienes permanecen detenidos mientras se amplían las pericias.

Las averiguaciones revelan que en el teléfono de Marmitt se habría encontrado un historial de mensajes de texto con descripciones y precios de armas, además de comunicaciones con personal uniformado y con integrantes de la red de ‘Coco Vásquez’. Los investigadores analizan si este flujo de información corrobora que Marmitt operaba como proveedor de armamento para el grupo.

El caso Dorado pone de manifiesto la intrincada red de relaciones que se tejen entre actores criminales y ciertas estructuras estatales, así como la facilidad con la que organizaciones transnacionales logran establecer operaciones en zonas fronterizas. Funcionarios del Ministerio de Gobierno reiteran que las investigaciones están en curso y que representan un esfuerzo coordinado entre la Policía, la Fiscalía y agencias internacionales. Subrayan, además, que las calificaciones de autores, cómplices o proveedores forman parte de la etapa investigativa y que cualquier responsabilidad deberá ser definida en sede judicial.

La investigación prosigue, y mientras se aguardan los resultados de los peritajes a teléfonos y documentos incautados, el Ministerio Público mantiene bajo reserva varias diligencias con el objetivo de establecer la verdad histórica de los hechos