La creciente violencia atribuida a los llamados jukus ha generado preocupación en el ámbito de las cooperativas y la minería estatal debido a sus actos delictivos, que en ciertos casos involucran el uso de armas, financiamiento externo y sofisticados equipos de inteligencia.

Un experto en minería del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral (Cedla) ha señalado diversos factores que explican el aumento de estas actividades ilícitas. Entre ellos, destacó la mejora en los precios de algunos minerales, como el estaño, que actualmente se cotiza alrededor de 24 dólares por libra fina, lo cual está directamente relacionado con el incremento de robos en el sector.

Un aspecto crucial que plantea el especialista es el destino final del mineral sustraído. Se cuestiona cómo es posible que estos materiales extraídos ilegalmente de distintos yacimientos encuentren canales de comercialización con tanta facilidad, lo que indica una preocupante falta de control sobre el tráfico de estos recursos.

Los reportes de robo de minerales provienen de diversas zonas mineras, incluyendo el Cerro Rico y Porco en Potosí, Colquiri en La Paz, así como en la mina estatal de Huanuni. Según el análisis del investigador, hasta ahora no se han implementado las medidas necesarias para identificar y controlar a los compradores de estas cargas robadas, lo que evidencia serias deficiencias institucionales en la gestión y vigilancia del sector minero