Unas 600 familias del municipio de Tipuani enfrentan una grave crisis a causa de las recientes inundaciones, agravada por la falta de diésel necesario para operar las bombas de drenaje que extraen las aguas estancadas. Estas aguas residuales representan un riesgo sanitario considerable para los damnificados.
Según autoridades locales, hasta ahora no se ha recibido apoyo significativo ni del gobierno central ni de la administración municipal. La escasez de diésel impide el funcionamiento adecuado de las bombas, limitando la capacidad de respuesta ante la acumulación de aguas servidas. Aunque algunas cooperativas mineras, como Germán Bush y Litoral, han brindado asistencia, su ayuda resulta insuficiente sin el combustible necesario.
El aumento sostenido del nivel del lecho del río Tipuani, que actualmente supera en 10 metros el nivel de la población principal, es atribuido a las actividades irresponsables de cooperativistas auríferos. Estos no cumplen con la reposición de suelos y vierten desechos de desmontes en el cauce del río, lo que ha contribuido a que las lluvias intensas provoquen desbordes e inundaciones recurrentes en las comunidades cercanas.
Las consecuencias son evidentes: en la localidad de La Rinconada, 13 viviendas se han derrumbado y aproximadamente 150 familias han perdido sus pertenencias. En la cabecera municipal, barrios como Lindo, Central, Satélite y Costanera han sido afectados, con el agua alcanzando hasta un metro de altura en la plaza principal. Se estima que unas 450 familias sufren daños similares a los registrados en meses anteriores.
Intentos de obtener información oficial por parte de las autoridades municipales han sido infructuosos, ya que el alcalde se ha mostrado renuente a proporcionar datos detallados. Esta falta de transparencia se repite desde la prolongada inundación que afectó la zona desde finales del año pasado hasta mediados de este año, a pesar de los recursos asignados para ayuda humanitaria y equipamiento provenientes de instancias gubernamentales regionales.
La situación se complica aún más debido a conflictos internos en la administración local, que obstaculizan la implementación de soluciones estructurales necesarias. Vecinos y representantes comunitarios señalan que las disputas entre el alcalde y el Concejo Municipal retrasan la gestión eficaz de la emergencia, mientras las familias continúan sufriendo las consecuencias de inundaciones recurrentes desde 2018.
Además, la falta de un puente de acceso desde febrero ha obligado a utilizar pontones para el cruce de vehículos y personas, lo que ha incrementado los costos de los productos básicos en la zona. Los residentes exigen a las autoridades la ejecución de medidas duraderas que permitan mitigar los daños y mejorar la infraestructura.
Por último, la expansión descontrolada de maquinaria pesada empleada por cooperativas mineras, algunas bajo control de ciudadanos extranjeros, ha provocado cambios en el cauce del río y aumentado el riesgo para las áreas pobladas del municipio, generando preocupación sobre la sostenibilidad y seguridad de las comunidades afectadas
