La institución policial encargada de la cooperación internacional está intensificando los controles en todas las fronteras del país. Esta medida busca asegurar el cumplimiento riguroso de la Ley 1352, conocida como la Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional, o simplemente la ley de arraigo, la cual prohíbe a exfuncionarios gubernamentales abandonar Bolivia durante los noventa días siguientes a la finalización de sus mandatos.

El coronel Juan Carlos Bazoalto, director nacional de la entidad, ha confirmado que se está trabajando en estrecha colaboración con la Dirección General de Migración. El propósito de esta coordinación es verificar y prevenir cualquier intento de salida irregular del país por parte de individuos que recientemente hayan cesado en sus cargos públicos. La directriz es clara: ambas instituciones garantizarán la observancia de las disposiciones legales que establecen el impedimento de salida para las exautoridades por el tiempo estipulado.

El alto mando policial ha indicado que el personal desplegado en los treinta y un puestos fronterizos, así como en los principales aeropuertos de la nación, se mantendrá en un estado de alerta constante, en estricto acatamiento de la normativa vigente. Se ha precisado que el periodo de restricción es de noventa días. Aunque se ha intercambiado información con el servicio de Migración y hasta la fecha no se ha registrado ninguna solicitud explícita de partida, la existencia de esta ley exige su cumplimiento.

La Ley 1352, promulgada el 14 de octubre de 2020, impone a las autoridades del nivel central del Estado —como el presidente, vicepresidente y ministros—, así como a las autoridades de entidades territoriales autónomas y a los responsables de instituciones públicas o mixtas que gestionan fondos públicos, la obligación de permanecer en el territorio boliviano por un lapso de tres meses después de dejar sus funciones. Este marco legal tiene como finalidad primordial garantizar la rendición de cuentas y frustrar cualquier intento de fuga que pudiera entorpecer procesos de investigación relacionados con posibles actos de corrupción o una administración deficiente de los recursos estatales