Diversas voces institucionales en el país han intensificado su demanda por la renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cuyos mandatos fueron extendidos. A la postura inicial del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, se han sumado importantes figuras del ámbito judicial, legislativo y político, así como un expresidente.
Dentro del propio Órgano Judicial, el presidente del Tribunal Agroambiental, Cristhian Méndez, ha manifestado su total adhesión a la posición del TSJ. Méndez considera que la extensión irregular de los periodos de los magistrados constitucionales plantea serias interrogantes sobre la institucionalidad boliviana y subraya la urgencia de restablecer el orden legal dentro del sistema de justicia. De manera similar, el presidente del Consejo de la Magistratura, José Baptista, ha expresado una preocupación legítima por la solidez democrática y el respeto al principio de temporalidad en el ejercicio del poder. Según Baptista, la prolongación de mandatos en el TCP carece de fundamento jurídico y compromete la independencia judicial.
Desde el ámbito político, la presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña, diputada Laura Rojas, también ha respaldado esta exigencia. La legisladora ha instado a sus colegas de todas las bancadas a proceder con la aprobación inmediata de la normativa que pone fin a los mandatos de los magistrados, una ley que ya cuenta con la sanción del Senado. Rojas enfatizó la necesidad de restaurar la institucionalidad del Órgano Judicial, cuya legitimidad se ha visto seriamente afectada por la extensión de mandatos. En la misma línea, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha señalado que los magistrados en cuestión carecen de legalidad y legitimidad, sugiriendo que deberían dimitir por el bien de la institucionalidad.
El expresidente y exmagistrado Eduardo Rodríguez Veltzé se ha sumado a la creciente demanda, coincidiendo en que los magistrados deben abandonar sus cargos. Adicionalmente, Rodríguez Veltzé ha llamado a otras entidades estatales, como la Fiscalía General, la Contraloría y la Procuraduría General, a pronunciarse sobre la situación, destacando que el Tribunal Supremo de Justicia tardó diez meses en emitir su posición.
Estos pronunciamientos colectivos han transformado la postura inicial del presidente del TSJ en un movimiento institucional amplio. La demanda actual busca el cese de la extensión de mandatos en el TCP y la restauración de la plena legitimidad en el sistema de justicia boliviano, reafirmando la adhesión a los principios constitucionales