La economía boliviana atraviesa un periodo de inquietud, evidenciado por el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) que registró una inflación del 5.21% en junio. Esta cifra, inusualmente alta para un solo mes, anticipa un panorama económico complejo para los próximos periodos.
El acumulado inflacionario desde principios de 2025 hasta mediados de año ya alcanza el 15.53%. Proyecciones especializadas sugieren que, de mantenerse esta tendencia, la inflación podría superar el 30% al cierre de la gestión, lo que generaría un impacto considerable y el riesgo de una espiral hiperinflacionaria, con incrementos sustanciales en el precio de los productos de consumo básico.
Analistas económicos señalan que uno de los segmentos más vulnerables ante esta situación son los trabajadores con ingresos fijos, incluyendo a maestros, médicos y empleados del sector público. La erosión del poder adquisitivo de sus salarios es palpable, ya que sus remuneraciones resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas mensuales. Esta disparidad entre salarios y costos de vida podría desencadenar una ola de demandas y movilizaciones a nivel nacional, exigiendo una revalorización salarial.
Sin embargo, el cumplimiento de tales demandas representa un desafío significativo, dada la rigidez de la estructura salarial en el país, donde los ajustes suelen realizarse una única vez al año. El último incremento, implementado el primero de mayo, consistió en un aumento del 10% al salario mínimo nacional y del 5% al haber básico. Este ajuste se considera insuficiente e insostenible frente al acelerado encarecimiento de los productos esenciales de la canasta familiar, cuyos precios han llegado a duplicarse en muchos casos.
Según evaluaciones económicas, el poder de compra de los salarios ya ha disminuido en más del 50% debido a la inflación progresiva que afecta al país. Esta situación podría agravarse aún más por los efectos de fenómenos climáticos, que repercuten directamente en los costos de los productos agrícolas. Para quienes dependen de un salario fijo, se estima que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir gastos durante 15 a 20 días del mes, lo que los obliga a recurrir a préstamos o a reducir drásticamente su consumo, con la consecuente disminución de la demanda y, por ende, de la producción.
En este contexto de creciente presión económica, diversas organizaciones sociales han comenzado a manifestar su descontento. Recientemente, las federaciones del magisterio urbano a nivel nacional protagonizaron una movilización, exigiendo una nivelación salarial que les permita cubrir los gastos esenciales de la canasta familiar. Representantes del sector docente han expresado que la crisis económica afecta a todos los estratos de la sociedad, tanto a asalariados como a no asalariados, y han instado a las autoridades gubernamentales a buscar soluciones efectivas. La realidad es que el poder de compra de cien bolivianos en el mercado actual dista mucho del que tenía en el pasado, una situación que impacta directamente en la capacidad de las familias, incluyendo las de los educadores, para subsistir dignamente
