La economía boliviana enfrenta un panorama preocupante, con proyecciones que indican que la inflación podría alcanzar hasta el 12% al cierre del 2024. Este fenómeno ha comenzado a afectar considerablemente el presupuesto familiar, ya que los precios de productos esenciales y servicios continúan en ascenso. En lo que va del año, se han registrado incrementos de hasta un 50% en alimentos básicos, una situación que se agrava con el reciente aumento en las tarifas del transporte público, lo que anticipa un impacto aún mayor en la inflación a medida que se acercan las festividades de fin de año.

La canasta básica, que incluye alimentos fundamentales como carne, arroz y aceite, ha visto un aumento de precios que oscila entre el 30% y el 50% en comparación con el año pasado. Aunque las familias han mostrado cierta resignación ante el encarecimiento de productos esenciales, la reciente alza en el costo del transporte ha generado una fuerte reacción, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población.

En medio de la crisis, se han intercambiado acusaciones entre diversos actores. Se culpa al Gobierno por la escasez de dólares, a los comerciantes por la especulación de precios, a los productores agropecuarios por el aumento en sus costos y, más recientemente, a los transportistas por incrementar las tarifas de pasajes.

Rodrigo Castillo, líder del barrio San Marcos, ha expresado su preocupación por la falta de controles sobre los precios de los productos básicos, así como por las largas colas que se forman en los supermercados. En respuesta, ha solicitado al presidente Luis Arce que intervenga en Emapa y otros centros de abastecimiento para regular los precios. Castillo argumenta que la implementación de sanciones para quienes especulen podría disuadir futuros aumentos.

Además, ha pedido un control más riguroso en las fronteras y ha sugerido la destitución de altos funcionarios del Gobierno, como el ministro de Economía y el viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, para abordar la crisis de manera efectiva. En su llamado a la acción, hizo un énfasis en la necesidad de protestas contra el aumento de precios, subrayando la difícil situación que enfrentan muchas familias.

Por su parte, Juan Carlos Vargas, dirigente de la Federación de Gremiales de Tarija, ha defendido a los comerciantes, argumentando que ellos no son responsables de la especulación de precios. Según Vargas, los productos llegan a los mercados ya con precios elevados, lo que atribuye a la escasez de dólares y otros insumos básicos. Criticó la gestión del Gobierno en este contexto, señalando que la falta de medidas adecuadas ha llevado a una situación insostenible.

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, ha advertido que la economía podría deteriorarse aún más antes de que finalice el año. Mencionó que la inflación podría superar las proyecciones iniciales debido a diversos factores, como la falta de divisas y la escasez de combustible, además de los bloqueos que han causado pérdidas económicas significativas.

Romero destacó que, a pesar de la existencia de entidades encargadas de regular los precios, la dinámica de la oferta y la demanda sigue dictando el costo de la mayoría de los bienes y servicios. Afirmó que solo un número limitado de productos está sujeto a regulación gubernamental, como los combustibles y algunos alimentos subvencionados.

Marcela Guerrero, concejal municipal de Cercado, reconoció las dificultades para controlar los precios de la canasta alimentaria, enfatizando que la economía se basa en la oferta y la demanda. Señaló que la responsabilidad de los controles recae en el Viceministerio de Defensa del Consumidor, mientras que los gobiernos municipales tienen un papel limitado en este proceso. Guerrero también mencionó que, a pesar de las reuniones interinstitucionales, persisten deficiencias significativas, especialmente en lo que respecta a la falta de personal para llevar a cabo los controles necesarios