La justicia boliviana ha formalizado la imputación del exalcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, junto a seis exconcejales, en relación a la construcción del Puente 4 de Julio. Se les acusa de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, en un proyecto que costó 73,2 millones de bolivianos. La Fiscalía sostiene que los exfuncionarios aprobaron contratos sin la debida fiscalización. Mientras el concejal Erwin Mancilla celebra el avance del proceso, Paz Pereira rechaza las acusaciones, alegando motivaciones políticas. La construcción del puente, iniciada en 2018, ha enfrentado críticas por su costo elevado y problemas de planificación.