El Ministerio Público ha presentado una nueva imputación formal en el marco de las investigaciones sobre presuntas irregularidades dentro de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), sistema Yacuiba. Esta acción judicial se suma a una serie de procesos abiertos a raíz de diversas denuncias de supuesta corrupción que han sido objeto de seguimiento.

La entidad de participación y control social de Yacuiba ha sido receptora de múltiples señalamientos de actos indebidos en Setar, lo que ha motivado la interposición de cinco denuncias ante la Fiscalía. Aunque una de estas fue inicialmente desestimada, la Fiscalía departamental ordenó su reapertura y la revisión de la documentación aportada. Actualmente, tres o cuatro de estas denuncias ya han derivado en imputaciones formales.

La más reciente imputación se relaciona con un contrato celebrado en junio de 2022 para la prestación de servicios de lectura de medidores y corte de suministro eléctrico, con una duración aproximada de tres meses. Se ha señalado que la empresa contratada habría ejecutado un trabajo deficiente, lo que resultó en la emisión de facturas con montos excesivamente elevados para los usuarios. Esta situación generó un fuerte descontento ciudadano, que culminó en la ocupación de las oficinas de Setar en aquel entonces y la posterior destitución del señor Lorgio Torres. Se ha explicado que la empresa en cuestión no disponía del software adecuado para la tarea encomendada. Tras la recopilación de pruebas y documentación pertinente, se procedió con la imputación.

Esta es la cuarta imputación que involucra a funcionarios y exfuncionarios de la empresa Setar. Los delitos imputados son negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes. Entre los señalados figuran Gloria Montes, Ronald Miguel Álvarez, Victor Lorgio Torres (exgerente de Setar y exejecutivo de Caraparí), Sandra Salazar Márquez, Sergio Zurita y Martha Romay Cortez, esta última identificada como representante de la empresa contratada.

Algunos de los implicados ya han sido notificados formalmente de la imputación. Desde la organización de control social, se ha manifestado que estas acciones judiciales validan la seriedad de las denuncias presentadas y que existen elementos de convicción suficientes sobre la autoría de los involucrados.

En esta etapa del proceso, se han solicitado diversas medidas cautelares, incluyendo el alejamiento de los imputados de sus puestos de trabajo, con el fin de salvaguardar la integridad de los testigos y el desarrollo de la investigación. Una vez que todos los involucrados sean debidamente notificados, el caso será elevado al juez cautelar para que se fije la fecha y hora de la audiencia correspondiente.

Existe una preocupación expresada por la organización respecto a la severidad de las medidas cautelares en procesos anteriores, las cuales no siempre han sido tan rigurosas como las solicitadas por el Ministerio Público. Se ha advertido que, si en este caso, que consideran sólidamente fundamentado, el juez no impone las medidas requeridas, la organización podría interponer acciones legales, argumentando una posible parcialización judicial. Incluso se contempla la posibilidad de presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, solicitando sanciones o el reemplazo de los magistrados involucrados