El Gobierno de Perú informó que un grupo de 34 ciudadanos peruanos, que permanecían varados en Bolivia debido a bloqueos en las carreteras, logró regresar al país acompañados por un representante diplomático. Estas personas se encontraban en la ciudad de La Paz y, ante la imposibilidad de realizar un vuelo humanitario previsto inicialmente, se activaron planes de emergencia para asegurar su traslado seguro.

El lunes por la mañana, el grupo partió desde La Paz con la compañía de un funcionario de la Embajada peruana en Bolivia, llegando tres horas después a Desaguadero, localidad fronteriza con Perú. Al ingresar al territorio nacional, los ciudadanos fueron recibidos por autoridades de la Dirección Desconcentrada de Puno y trasladados en un vehículo militar hasta Juliaca, donde se ubica el aeropuerto regional.

Las autoridades peruanas indicaron que la embajada y el consulado en La Paz mantienen comunicación constante con los peruanos que aún permanecen en esa ciudad, evaluando las mejores alternativas técnicas y logísticas para facilitar su retorno.

Previo a este traslado, se informó que el consulado peruano había movilizado a 33 ciudadanos desde Uyuni a La Paz, luego de que quedaran atrapados en esa zona del sur boliviano por los bloqueos de carreteras implementados por sindicatos. Estas agrupaciones protestaban contra un decreto que eliminó la subvención a los combustibles. Además, se reportó que otros 29 peruanos permanecían varados en diferentes regiones de Bolivia, recibiendo asistencia en alimentación, alojamiento y medicinas.

Por su parte, el Gobierno boliviano decidió realizar un rescate aéreo para 135 turistas extranjeros afectados por las protestas en Uyuni, donde los bloqueos de vías fueron organizados por sindicatos vinculados a la Central Obrera Boliviana (COB).

La Policía boliviana informó que, aunque inicialmente se mantenían cerca de 45 puntos de bloqueo, esta cifra se redujo a 22 tras un acuerdo entre los sindicatos y el Ejecutivo de Bolivia. El pacto incluyó la derogación del decreto que eliminaba la subvención a los combustibles y la creación de una nueva norma al respecto.

Desde finales de diciembre, la COB y sindicatos campesinos, que fueron aliados políticos de los gobiernos anteriores, han llevado a cabo movilizaciones y bloqueos para exigir la anulación del mencionado decreto, generando un impacto significativo en la circulación vial y la movilidad en la región