El Gobierno nacional ha presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley que busca implementar un régimen tributario especial y voluntario dirigido a contribuyentes cuyas ventas anuales sean inferiores a 400.000 bolivianos, acompañado de una serie de medidas para aliviar las cargas impositivas históricas y actuales. Esta iniciativa ha generado una fuerte reacción en el sector gremial minorista e informal, que ha manifestado su rechazo y ha declarado un estado de emergencia, exigiendo mayor diálogo y claridad sobre los alcances de la propuesta.

La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas y Vivanderos de Bolivia (Cstgacmvb), que agrupa a diferentes federaciones del sector a nivel nacional, decidió adoptar esta medida como forma de presión frente a lo que consideran una legislación que podría impactar negativamente en sus actividades económicas. Desde la ciudad de El Alto, uno de los principales centros urbanos con actividad gremial intensa, el ejecutivo local Toño Siñañi señaló que el sector necesita conocer con detalle cada aspecto del proyecto antes de que sea discutido y aprobado en el Legislativo. Esta postura refleja la preocupación por posibles consecuencias no deseadas para un segmento importante del comercio informal y minorista.

En particular, los gremiales temen que el régimen propuesto, aunque presentado como una alternativa para aliviar la carga tributaria, pueda afectar a la mayoría de trabajadores informales cuyos ingresos diarios fluctúan entre 100 y 600 bolivianos. Estos ingresos modestos provienen principalmente del trabajo en mercados y calles del país, donde la actividad económica se desarrolla mayormente en condiciones informales o semiformalizadas. La incertidumbre sobre cómo se aplicarán las nuevas disposiciones genera inquietud ante la posibilidad de perder beneficios o enfrentar obligaciones tributarias más estrictas.

El proyecto contempla la creación de un sistema tributario especial que unificaría tres impuestos vigentes: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Transacciones (IT). En lugar de realizar pagos separados por cada impuesto, los contribuyentes acogidos al régimen efectuarían un único pago bimensual equivalente al 5% sobre sus ingresos brutos. Esta simplificación pretende facilitar la gestión tributaria para pequeños comerciantes, reduciendo trámites administrativos y costos asociados.

Además, se propone una condonación total para las deudas impositivas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2017, incluyendo capital, intereses y multas para montos inferiores a 10 millones de bolivianos. Para las obligaciones generadas desde 2018 en adelante, se plantea eliminar sanciones y ofrecer planes de pago flexibles con plazos máximos de hasta 24 meses. Estas medidas buscan aliviar la carga financiera histórica que enfrentan numerosos contribuyentes morosos o con dificultades para cumplir sus compromisos fiscales.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas destacó que esta iniciativa tiene como objetivo fundamental avanzar hacia una economía más formalizada y sostenible. Según su visión, facilitar condiciones tributarias especiales para pequeños contribuyentes contribuirá a fortalecer la credibilidad económica del país y consolidar el proceso de transformación económica impulsado por el Gobierno. Por ello solicitó agilidad en el tratamiento legislativo para implementar cuanto antes estas disposiciones.

No obstante, la reacción del sector gremial evidencia que aún existen dudas e inquietudes respecto al impacto real que tendrá este régimen especial en quienes desarrollan actividades económicas informales o semi-formales. La declaración de estado de emergencia implica una movilización organizada para exigir espacios efectivos de diálogo con las autoridades nacionales. El intercambio abierto entre representantes gremiales y funcionarios será clave para ajustar detalles técnicos, garantizar protección social adecuada e implementar medidas tributarias justas sin perjudicar a los trabajadores más vulnerables.

En conclusión, esta propuesta legislativa representa un intento gubernamental por modernizar y simplificar el sistema impositivo para pequeños contribuyentes con ventas moderadas anuales. Al mismo tiempo pone sobre relieve los desafíos existentes para articular políticas públicas inclusivas que consideren las particularidades del sector informal en Bolivia. El desarrollo del debate parlamentario y social determinará cómo se equilibran intereses económicos diversos en pos del crecimiento formalizado sin afectar negativamente a quienes dependen del trabajo diario en mercados locales o emprendimientos gremiales minoristas