Los gobiernos subnacionales están atravesando una difícil situación económica y han puesto nuevamente la mirada en los fondos retenidos por la Ley N°767 de “Promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera”. Esta ley retiene el 12% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a gobernaciones, gobiernos municipales y universidades. Desde Comunidad Ciudadana (CC) exigen tratar el proyecto de ley que abroga esta normativa, presentado en septiembre del 2023 y aún no tratado. Se estima que existen alrededor de 600 millones de dólares retenidos por esta ley. Las entidades autónomas solicitan una reunión con el presidente Luis Arce para abordar esta y otras demandas. El diputado por CC, Adrián Vega, cuestiona la falta de información de YPFB sobre la certificación de reservas y pide la abrogación de la Ley del 12%. Sin embargo, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, ve inviable la devolución de estos fondos ya que el Gobierno los habría comprometido para actividades de exploración petrolera.
