En medio de la creciente preocupación por la calidad del combustible que se distribuye en el país, el sector del transporte se prepara para una reunión crucial con el Gobierno Nacional, programada para el 25 de febrero en la ciudad de La Paz. Este encuentro busca abordar y esclarecer el polémico tema del resarcimiento por los daños que, según denuncian diversos transportistas, ha causado la gasolina en numerosos vehículos motorizados. La convocatoria ha sido oficializada por la Federación del Autotransporte 15 de Abril, y representa un momento clave para que los representantes del sector planteen sus inquietudes y demandas frente a las autoridades estatales.
El dirigente transportista Gabriel Pérez, representante en Tarija, confirmó la recepción de la invitación oficial y adelantó que antes de participar, el sector realizará una reunión interna para consensuar una postura unificada. Esta estrategia busca fortalecer el diálogo con el Ejecutivo y definir una propuesta clara respecto al mecanismo de compensación que consideran necesario debido a los perjuicios sufridos.
Los daños reportados en los motorizados son variados, pero entre los más recurrentes se encuentra la acumulación de carbonilla en los motores, un problema que genera preocupación dentro del gremio debido a las implicaciones mecánicas y económicas que conlleva. Este fenómeno estaría vinculado a la calidad cuestionada de la gasolina distribuida. Sin embargo, Pérez también reconoció que no todos los reclamos provienen de propietarios con vehículos debidamente registrados; en algunas regiones se han identificado casos relacionados con automotores indocumentados o denominados “chutos”, lo cual añade complejidad a la hora de establecer un esquema generalizado de compensación. En este sentido, será responsabilidad del Gobierno determinar cómo aplicar los mecanismos legales vigentes para atender estas diferencias.
En cuanto a las modalidades para otorgar el resarcimiento económico, desde el sector transporte se expresó escepticismo frente a la opción que implica trámites mediante seguros. Se considera que esta vía podría resultar demasiado burocrática y lenta, lo que dificultaría una respuesta rápida para quienes han sufrido daños materiales. Por ello, se plantea como alternativa preferible un pago directo en efectivo, que permita aliviar inmediatamente las pérdidas económicas ocasionadas por el uso del combustible sospechoso. No obstante, esta propuesta será sometida a análisis durante la reunión con las autoridades nacionales.
El debate sobre la calidad del combustible trasciende al sector transporte y ha generado también cuestionamientos desde otras instancias locales. En Tarija, por ejemplo, el presidente del Concejo Municipal manifestó dudas sobre si la gasolina comercializada en esa ciudad mantiene las mismas características y estándares comparados con otros municipios cercanos como Padcaya. Esta discrepancia pone en evidencia preocupaciones sobre posibles irregularidades o diferencias en el suministro local.
Frente a estas inquietudes, Moisés Hidalgo, presidente de la Asociación de Surtidores (Asosur) Tarija, aclaró que el color del combustible no es un indicador determinante para evaluar su calidad. Explicó que variaciones cromáticas pueden deberse al origen del producto y aseguró que la gasolina distribuida aparenta estar limpia y sin sedimentos visibles. Además, afirmó que cumple con los parámetros técnicos requeridos, incluyendo un octanaje adecuado conforme a las normativas vigentes establecidas en 35 octanos.
Por otra parte, Hidalgo reconoció que aún están pendientes los resultados de laboratorio solicitados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entidad estatal responsable del control y distribución del carburante. Estos análisis buscan identificar posibles elementos o contaminantes presentes en las muestras tomadas para determinar si efectivamente están causando daños mecánicos a los vehículos.
En respuesta a estos reclamos y preocupaciones ciudadanas, YPFB ha puesto en marcha un protocolo especial para atender a los usuarios afectados. Este sistema contempla canales oficiales como una línea directa vía WhatsApp y atención presencial en sus oficinas para recibir denuncias formales y recopilar información detallada sobre las fallas reportadas por conductores.
Adicionalmente, Sebastián Daroca, vicepresidente de Operaciones de YPFB, anunció un conjunto integral de cinco medidas destinadas a mejorar la calidad del combustible distribuido y restaurar la confianza entre los consumidores. Estas acciones incluyen un aumento significativo en los controles durante toda la cadena logística; limpieza exhaustiva de tanques donde se almacena el carburante; implementación de parámetros más estrictos para combustibles importados; reducción del porcentaje permitido de gomas disueltas dentro del producto —de un 5% anterior a solo un 2%—; además de la adquisición de aditivos especiales diseñados para evitar procesos oxidativos que deterioran la gasolina.
A su vez, YPFB proyecta fortalecer su producción nacional mediante importaciones estratégicas de crudo destinadas a mantener estabilidad en el suministro interno frente a fluctuaciones internacionales o problemas logísticos.
En este marco regulatorio y operativo se inscribe también la reciente aprobación gubernamental del Decreto Supremo 5548. Esta normativa autoriza excepcionalmente tanto a YPFB como a las refinerías nacionales importar petróleo crudo con el fin prioritario de garantizar abastecimiento continuo dentro del país. La medida fue adoptada bajo estado declarado de emergencia energética y social tras episodios previos donde se registraron largas filas e incluso desabastecimiento parcial en estaciones expendedoras durante días festivos importantes como Carnaval.
Mientras se esperan los resultados finales de laboratorio sobre las muestras tomadas y continúan afinándose las medidas correctivas anunciadas por YPFB y el Gobierno Nacional, toda atención está puesta en la reunión próxima semana entre transportistas y autoridades estatales. De esta cita dependerá definir si finalmente se establece un mecanismo efectivo y concreto para compensar económicamente a quienes han sufrido daños causados presuntamente por gasolina adulterada o defectuosa; o si este reclamo quedará relegado nuevamente al terreno retórico sin soluciones tangibles para miles usuarios afectados.
Este proceso adquiere relevancia no solo por su impacto económico directo sino también porque refleja desafíos estructurales vinculados al control sanitario e industrial sobre insumos vitales como el combustible; además pone sobre relieve tensiones sociales derivadas cuando sectores productivos esenciales enfrentan pérdidas significativas sin respuestas adecuadas desde instancias gubernamentales encargadas. El resultado final tendrá implicancias importantes tanto para garantizar protección al consumidor como para mantener estabilidad operativa dentro uno de los sectores más estratégicos como lo es el transporte terrestre nacional
