Después de una intensa jornada que se extendió por más de diez horas, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) decidieron establecer un cuarto intermedio en sus negociaciones, con el objetivo de continuar el diálogo en las próximas horas. La pausa fue anunciada alrededor de las 22:00 por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien lideró la delegación oficial junto a los ministros de Gobierno, Obras Públicas y Economía.

El avance en las conversaciones se produjo tras la liberación de cerca de veinte mineros detenidos durante episodios de violencia en La Paz, entre ellos varias mujeres, lo que contribuyó a aliviar parcialmente la tensión generada por bloqueos, marchas y enfrentamientos recientes.

El líder de la COB, Marco Argollo, se incorporó a las negociaciones durante la mañana en un contexto marcado por aproximadamente 20 puntos de bloqueo en diferentes rutas del país. Sin embargo, se retiró horas después para consultar con sus bases y adelantó que cualquier decisión definitiva deberá ser aprobada en un cabildo ampliado, destacando la importancia del momento para el país.

Este nuevo intento de diálogo se dio tras varios intentos previos que no lograron avances significativos. La movilización más reciente fue una marcha conjunta de la COB y el Magisterio Urbano que culminó en La Paz después de recorrer a pie 60 kilómetros desde Calamarca. Durante las protestas del lunes y martes se registraron incidentes violentos que incluyeron detonaciones y daños a espacios públicos, con varias personas detenidas.

Frente a la falta de acuerdo inicial, la COB convocó a un bloqueo nacional que se implementó de manera gradual hasta afectar cerca de 20 puntos estratégicos en las carreteras. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, la mayor concentración de bloqueos se encuentra en La Paz, con focos adicionales en Pando, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, Potosí y en la ruta que conecta Santa Cruz con Beni. Además, la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba anunció un bloqueo general a partir de este jueves.

En su breve intervención al finalizar la jornada, el ministro Lupo evitó entrar en detalles debido a la sensibilidad del proceso, aunque manifestó expectativas positivas sobre la continuidad del diálogo. Destacó que el objetivo es estabilizar la economía y fomentar la inversión y el crecimiento, y señaló que el cuarto intermedio se extenderá hasta la mañana siguiente, con la esperanza de mantener un ambiente de respeto para alcanzar soluciones necesarias para el país.

Mientras tanto, el conflicto también tomó un rumbo judicial. En Santa Cruz, la Sala Constitucional Primera admitió una acción popular contra los decretos supremos 5503, que establece una emergencia económica, y 5515, que faculta al gobierno para operar mediante medios tecnológicos. La demanda, presentada por un abogado particular, será analizada en una audiencia virtual programada para el viernes al mediodía. El proceso se encuentra en etapa de admisión y aún no cuenta con una resolución de fondo.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia explicó que esta acción busca proteger derechos colectivos y advirtió que emitir opiniones anticipadas sería inapropiado. El Ejecutivo será notificado y deberá responder a través de sus representantes legales. Desde el Gobierno confirmaron su participación en la audiencia y aseguraron que defenderán la vigencia de ambos decretos en todos los ámbitos.

Paralelamente, el Ejecutivo activó mesas técnicas para abordar el conflicto. Una de estas reuniones se llevó a cabo en el Campo Ferial Chuquiago Marka, con la participación de más de un centenar de organizaciones sociales, ministros y viceministros, así como otros inscritos. Se espera que las conclusiones se den a conocer en una plenaria este viernes. Además, la viceministra de Autonomías indicó que el decreto en cuestión no es inamovible y podría ser modificado tras una evaluación.

El Decreto Supremo 5503, aprobado a mediados de diciembre de 2025, introduce cambios significativos en la política económica vigente durante más de dos décadas, eliminando la subvención a los carburantes y promoviendo la inversión y nuevos emprendimientos. El presidente Rodrigo Paz Pereira ha rechazado la posibilidad de derogar la norma, afirmando que no se puede retroceder. También cuestionó las críticas de los movilizados, señalando que el país ya ha sido vendido en gestiones anteriores.

Desde sectores productivos se han manifestado preocupaciones sobre posibles riesgos de inflación y desabastecimiento si los bloqueos persisten. El ministro de Economía reconoció que, aunque actualmente los bloqueos son aislados y no afectan de manera significativa la economía, la situación es dinámica y puede cambiar. Autoridades gubernamentales también condenaron los actos violentos y alertaron sobre el impacto negativo que estos tienen en la imagen internacional del país.

En otro ámbito, el vicepresidente Edmand Lara, quien se ha manifestado en contra del gobierno actual, anunció su intención de presentar un proyecto de ley para derogar los decretos. Sin embargo, esta iniciativa no ha recibido amplio respaldo en la Asamblea Legislativa, que retomará sus sesiones próximamente tras el receso de fin de año.

Con el escenario judicial activo, el diálogo en curso y la presión en las vías de comunicación, el Decreto Supremo 5503 se mantiene como el principal foco de tensión política, social y económica. Las próximas horas, especialmente la audiencia constitucional y la reanudación de las negociaciones, serán clave para determinar si el conflicto se reduce o se intensifica